Las empresas que realizan sorteos en redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook no necesitan permiso previo de ninguna autoridad ni la presencia de un notario. Sin embargo, deben estar en capacidad de demostrar que el ganador fue elegido según las reglas anunciadas y que recibió el premio, coincidieron especialistas consultados por Gestión.
Estos concursos se han vuelto una herramienta habitual de las marcas para sumar seguidores y promocionar productos. A cambio de seguir cuentas, comentar o compartir publicaciones, ofrecen desde equipos electrónicos hasta viajes y dinero en efectivo. La duda surge cuando los participantes cuestionan los resultados o sospechan que el proceso no fue transparente.
Bruno Mejía, líder de Competencia y Mercados de EY Law, explicó que la intervención notarial no es obligatoria, salvo que la propia marca la haya fijado en las bases o en su publicidad. Crosbby Buleje, asociado principal de Echecopar, recordó que antes ciertos sorteos necesitaban autorización de la antigua Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), pero ese régimen se eliminó y hoy el control es posterior.
Según Buleje, el Indecopi puede intervenir de oficio o por denuncia. Si una empresa no cumple las condiciones ofrecidas o no entrega el premio, el caso lo ven los órganos de protección al consumidor. Si hay publicidad engañosa, corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
Mejía indicó que las marcas no están obligadas a transmitir el sorteo en vivo, publicar grabaciones ni levantar actas notariales. Aun así, recomendó guardar las bases, la relación de participantes, los registros de selección y las constancias de entrega, documentos que pueden ser decisivos ante una fiscalización.
Buleje añadió que difundir el nombre de un ganador no prueba por sí solo que el sorteo fue correcto. La empresa debe poder acreditar que esa persona participó válidamente, fue elegida conforme a las bases y recibió su premio.
Las marcas pueden usar aplicaciones o sistemas aleatorios sin un tercero independiente, pero eso tampoco garantiza transparencia. Buleje advirtió que una empresa podría usar una aplicación conocida tras haber excluido de la lista a personas que sí cumplían los requisitos; en ese caso, el problema estaría en la información y no en la herramienta. Por eso sugirió conservar las listas originales, registrar los filtros aplicados y usar herramientas que permitan verificar que los resultados no se alteraron, aunque aclaró que estas medidas no son obligaciones técnicas generales.
Mejía coincidió en que la empresa debe demostrar que usó el mecanismo anunciado y respetó las condiciones de participación. Señaló que un notario puede reforzar esa evidencia, sobre todo con premios de alto valor, aunque no es una exigencia general.
Sobre la difusión del ganador, Mejía explicó que, como regla general, las empresas no están obligadas a revelar su nombre o foto, y que la Ley de Protección de Datos Personales limita el uso de esa información. Distinguió entre usar los datos para contactar al ganador y publicarlos con fines promocionales, lo que puede requerir un consentimiento específico.
Buleje señaló que los resultados pueden anunciarse con códigos de participación u otros identificadores. Advirtió, no obstante, que poner iniciales u ocultar algunos dígitos del DNI no asegura el anonimato si hay otros datos que permiten reconocer a la persona. Precisó que la empresa no puede negarse a acreditar al ganador si el Indecopi lo pide en una investigación, respetando la confidencialidad.
En cuanto a sanciones, Buleje explicó que las infracciones de protección al consumidor pueden multarse con hasta 450 UIT y los actos de competencia desleal, con hasta 700 UIT. Aclaró que son topes legales y que la multa concreta depende de la gravedad y las circunstancias de cada caso.
Mejía sostuvo que presentar un ganador inexistente o un sorteo manipulado podría constituir un acto de engaño según el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, y que incumplir lo ofrecido podría vulnerar el deber de idoneidad del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Como antecedente, citó un caso en que el Indecopi multó con 55 UIT a una empresa que no entregó los premios de una campaña y le ordenó elaborar un padrón de afectados para entregarlos o acordar compensaciones.
Los consumidores que sospechen manipulación pueden reclamar ante la empresa o acudir al Indecopi, indicó Buleje, quien recomendó guardar las publicaciones, las bases y cualquier prueba de la presunta irregularidad.
La responsabilidad también puede alcanzar a los influencers, aunque no de forma automática. Mejía explicó que pueden enfrentar procedimientos administrativos si participan en publicidad que infringe las normas de competencia desleal, por ejemplo, al difundir premios inexistentes o presentar publicidad pagada como una recomendación espontánea. Buleje precisó que debe analizarse si el creador de contenido solo difundió el anuncio, ayudó a elaborarlo o fue organizador del sorteo.
Finalmente, Buleje consideró que la legislación peruana ya ofrece herramientas para investigar estas prácticas y que el reto no es crear nuevas autorizaciones, sino fortalecer la fiscalización y mejorar la conservación de evidencia digital.
