La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone derogar de forma parcial la Ley 32735, norma que modificó las reglas sobre el delito de función y la competencia de la justicia militar policial. La votación terminó con 12 votos a favor y 7 en contra.
El texto plantea que la justicia penal ordinaria recupere la facultad de investigar y juzgar los delitos comunes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También busca restablecer en parte la vigencia de los artículos que la Ley 32735 había cambiado.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa pretende corregir los efectos de la norma sobre la garantía del juez natural. Sus promotores sostienen que ampliar el concepto de delito de función y dar preferencia a la jurisdicción militar policial en los conflictos de competencia genera riesgo de impunidad.
El dictamen, además, conserva las sanciones agravadas para militares y policías que colaboren con organizaciones criminales, en línea con la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos.
La Ley 32735 fue promulgada a mediados del 2026 por el anterior Congreso unicameral y modificó el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal.
Antes de la votación expusieron el general PNP José Manuel Chamba, director de Medio Ambiente de la Policía Nacional; el teniente general Raúl Salazar Salazar, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP, y el abogado penalista César Azabache Caracciolo.
En el debate, la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, pidió incluir los aportes de los invitados y disponer de estadísticas actualizadas sobre detenciones policiales y resultados de investigaciones penales. Sus colegas de bancada Cecilia Chacón de Vettori y Carlos Domínguez propusieron esperar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre las demandas contra la ley y volver a escuchar a especialistas.
Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, afirmó que la discusión gira en torno a la constitucionalidad de la norma y que el cambio propuesto permitiría tener un ordenamiento jurídico adecuado. César Hoguín Loaiza, por su parte, aseguró que la iniciativa no pretende suprimir el fuero militar.
En la misma sesión, la comisión aprobó, también por 12 votos a favor y 7 en contra, otro dictamen que propone derogar la Ley 32130 y devolver la vigencia a los artículos del Código Procesal Penal que esta modificó, relacionados con la investigación del delito y las funciones de la Policía Nacional. Esa ley, oficializada en octubre del 2024, buscaba fortalecer la investigación del delito como función policial y agilizar los procesos penales.
El grupo de trabajo aprobó asimismo una cuestión previa para crear una mesa técnica que siga analizando una propuesta sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La iniciativa pretende fijar un límite proporcional al tiempo en que ese plazo queda suspendido.
Al final de la sesión se sustentaron tres proyectos de ley: uno para garantizar el pago oportuno de alimentos, otro que plantea la cadena perpetua para ciertos delitos agravados y un tercero para prevenir y sancionar la violencia sexual digital mediante inteligencia artificial.
Los dictámenes aprobados deberán ser incluidos en la agenda del pleno de la Cámara de Diputados para su eventual debate.
