Sanipes difundió cuáles son los comportamientos con los que un servidor público puede apartarse de los estándares éticos y de las normas que guían su trabajo, y que terminan por afectar la integridad pública.
La información se basa en la “Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública”, aprobada mediante la Resolución N°001-2023-PCM/SIP. El documento agrupa estas conductas en tres categorías: actos de corrupción, inconductas funcionales y prácticas cuestionables.
El primer grupo, el de los actos de corrupción, comprende delitos como el peculado, la colusión, la negociación incompatible y el cohecho, también conocido como soborno.
El segundo grupo corresponde a las inconductas funcionales. Se trata de comportamientos indebidos, por acción u omisión, que suponen incumplir una función. Estas conductas constituyen infracciones administrativas y pueden ser sancionadas.
El tercer grupo reúne las prácticas cuestionables. Según la guía, estas no llegan a ser sancionables en el ámbito administrativo, pero sí merecen reproche social. Frente a ellas, la propia entidad podría impulsar medidas para reemplazarlas con buenas prácticas.
