La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el martes 20 de octubre la derogación parcial de la Ley N° 32130, norma que daba a la Policía Nacional del Perú (PNP) facultades en la investigación preliminar de delitos por encima del Ministerio Público.
El texto sustitutorio obtuvo 12 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones. La comisión es presidida por Catherin Palomino, de Juntos por el Perú.
Respaldaron la propuesta Catherin Palomino, Alejandro Manay, Daniel Varas, Analí Márquez y Remigio Condori (Juntos por el Perú); Edgar Gonzales Polar, Fernando García Huby y Nery Fernández (Buen Gobierno); Indira Huilca y César Hoguín (Ahora Nación); y Heber López Letona y Luis Masco (Obras).
En contra votaron Karina Beteta, Javier Castro Cruz, Kim Muñoz, Cecilia Chacón, Carlos Domínguez y Ángel Bobadilla, de Fuerza Popular, junto con José Baella, de Renovación Popular.
La Ley N° 32130 se promulgó en octubre de 2024. Permite a los policías realizar las investigaciones preliminares de los delitos y recorta las competencias del Ministerio Público.
En agosto de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que el Ministerio Público presentó contra esa ley y ratificó que la PNP puede encabezar dicho proceso. Sin embargo, precisó que esa labor debe realizarse siempre bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, titular de la acción penal.
En la misma sesión, la comisión aprobó por mayoría, también con 12 votos a favor y 7 en contra, otro dictamen que deroga parcialmente la Ley N° 32735, que precisa el delito de función de militares y policías, y restituye en parte la vigencia de los artículos que esa norma había modificado.
La Ley N° 32735 ordenaba archivar los casos penales que también eran vistos por el fuero militar policial cuando se trataba de los mismos hechos y de las mismas personas investigadas o procesadas.
Según la exposición de motivos, la iniciativa busca corregir el “debilitamiento” de la garantía del juez natural y el riesgo de impunidad que, de acuerdo con el texto, generó esa norma al ampliar el concepto de “delito de función” y dar preferencia a la jurisdicción militar policial en las contiendas de competencia.
Durante el debate de este segundo texto sustitutorio, la diputada Karina Beteta (Fuerza Popular) tuvo un altercado con la presidenta de la comisión, a quien acusó de recortarle el uso de la palabra. Beteta anunció que presentará una moción de censura contra Palomino y contra el secretario técnico de la comisión.
En la discusión expusieron el director de Medio Ambiente de la PNP, general José Manuel Chamba; el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP (ADOGEN), Raúl Salazar; y el abogado penalista César Azabache.
Al cierre, la comisión aprobó por mayoría una cuestión previa para crear una mesa técnica que continúe el debate del predictamen que propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal sobre la suspensión del plazo de prescripción, con el objetivo de fijar un límite proporcional en el ámbito de la acción penal.
Se trata de la llamada “Ley Soto”, aprobada cuando Alejandro Soto presidía el Congreso anterior, que reduce el plazo del sistema de justicia para perseguir y sancionar los delitos, sin distinción.
