El Gobierno prepara un paquete de reformas laboral y tributaria que presentará al Congreso de la República durante el verano del 2027. Según el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, el objetivo es reducir la informalidad en las microempresas abaratando el acceso al empleo formal.
En el frente laboral, la propuesta contempla bajar los aportes a EsSalud y a pensiones de los trabajadores que menos ganan, sin recortar derechos como vacaciones y aguinaldos. En entrevista con Cuarto Poder, el ministro explicó que se busca recalibrar la actual ley de la microempresa porque, a su juicio, los aportes resultan onerosos para quien tiene un sueldo bajo.
Como ejemplo, Cuba señaló que en el tramo salarial más bajo el trabajador no aportaría a EsSalud y se mantendría en el Seguro Integral de Salud (SIS), y que su aporte previsional pasaría de 10% a 5%. Además, adelantó que el MEF trabaja en una propuesta para flexibilizar el despido en otro segmento del mercado laboral: el de quienes más ganan.
Paola Herrera, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que formalizarse implica asumir contribuciones que reducen el ingreso disponible y, en algunos casos, perder beneficios de programas sociales, lo que puede desincentivar la formalización. Por ello, consideró pertinente evaluar aportes diferenciados según el nivel de ingresos del trabajador y no solo por el tamaño de la empresa, pues dar beneficios exclusivamente a las microempresas podría llevar a que los negocios prefieran seguir siendo pequeños.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, sostuvo que la productividad limitada de las microempresas les dificulta asumir las contribuciones del empleo formal, por lo que reducirlas restaría incentivos para mantenerse en la informalidad. Sin embargo, reconoció que menores aportes podrían traducirse en pensiones más bajas en el futuro.
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, advirtió que una reducción sin estudios de sostenibilidad financiera podría agravar los problemas del sistema previsional. César Puntriano, socio del estudio Muñiz, recordó que en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) los aportes, equivalentes al 13% de la remuneración, no alcanzan para pagar las pensiones de los jubilados y el Estado debe completar con recursos; una reducción, dijo, obligaría a evaluar cómo se cubriría esa diferencia.
EsSalud plantea otro reto. Hoy los empleadores aportan el 9% de la remuneración de sus trabajadores para financiar la cobertura de salud. Bajar esa contribución abarataría la contratación formal, pero también reduciría los ingresos de una institución que ya tiene problemas de atención.
Puntriano consideró que la medida podría favorecer a las empresas siempre que se acompañe de mecanismos de financiamiento, como asignaciones presupuestales del Gobierno o el pago de las deudas que diversas entidades públicas mantienen con EsSalud. Toyama coincidió en que, sin compensar esos recursos, podría deteriorarse la atención de los asegurados. Gallardo, en cambio, propuso revisar el vínculo entre las contribuciones de planilla y el financiamiento de la salud, tomando en cuenta otros mecanismos de cobertura como el SIS.
Sobre el despido, la legislación prevé una indemnización frente al despido arbitrario y la reposición en ciertos supuestos, pero la jurisprudencia constitucional y judicial ha ampliado los casos en que un trabajador puede pedir su reincorporación. Para Toyama, esto genera rigidez y afecta la competitividad; consideró conveniente revisar esas reglas, aunque coincidió con el ministro en que una reforma sería políticamente difícil de aprobar.
Puntriano también identificó problemas de predictibilidad para los empleadores y propuso precisar en la ley los supuestos de reposición, así como evaluar indemnizaciones diferenciadas o escalonadas, incluso mayores a las actuales, según las circunstancias del despido o el tipo de empresa. Según explicó, la idea no sería permitir el despido libre, sino fijar reglas más claras que protejan al trabajador y reduzcan la incertidumbre de las empresas.
En el plano tributario, Cuba indicó que se buscará ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación sin modificar las tasas del IGV ni del Impuesto a la Renta, con la meta de sumar un punto porcentual del PBI en el 2027. Hasta el momento, el ministro no ha detallado las medidas específicas.
Herrera consideró que hay margen para recaudar más sin subir tasas y citó estimaciones previas del MEF según las cuales el incumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta habría equivalido, en promedio, a cerca del 9% del PBI en la última década. Añadió que también es necesario revisar los regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas, porque sus diferencias pueden incentivar a los negocios a quedarse en categorías menores.
Gallardo coincidió en que el sistema debe facilitar el crecimiento empresarial y evitar saltos bruscos de obligaciones al pasar de un régimen a otro; de lo contrario, algunas empresas podrían subdeclarar ingresos o fragmentar sus operaciones. El MEF aún no ha precisado si modificará los regímenes tributarios vigentes.
Los aportes son onerosos para alguien que gana poco. No es lo mismo ganar S/ 10,000 y pagar 10% a EsSalud y 10% a tu pensión, que ganar S/ 1,200 y pagar ese mismo porcentaje.
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
En esos niveles salariales bajos hay que recalibrar el aporte, bajarlo. Por ejemplo, en ese tramo salarial, no tienes EsSalud, te mantienes en el Seguro Integral de Salud (SIS); no aportas 10% para tu pensión, aportas 5%
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Será un punto [adicional] el próximo año y un punto más en los siguientes dos años. Es elevar la presión tributaria 2 a 3 puntos en todo el Gobierno
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
