El Poder Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos que apuntan a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones y a respaldar a los ciudadanos que se defienden de la delincuencia. Ambas normas aparecieron en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la lucha contra la inseguridad debe abordarse de manera integral, atacando el dinero ilícito de la extorsión y protegiendo a las víctimas que se defienden de una agresión.
El Decreto Legislativo N.° 1744 modifica el Código Penal para castigar a las personas que presten o faciliten sus cuentas bancarias y otros productos financieros con el fin de canalizar dinero producto de extorsiones. Además, aumenta las penas para delitos violentos como el sicariato, el robo agravado y el secuestro.
La misma norma incluye cambios en el control de armas de fuego. Sanciona a quienes eliminen o alteren sus números de serie, práctica que dificulta su identificación y puede facilitar que terminen en el mercado ilegal. También castiga a quienes presenten ante las autoridades denuncias falsas por robo o pérdida de armas.
El decreto modifica asimismo la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para penalizar el acceso ilícito a plataformas informáticas. Y dispone prisión efectiva para los extranjeros que, tras ser expulsados del país, vuelvan a ingresar de forma irregular.
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1743 cambia el Código Penal para reforzar la protección legal de quienes actúan en legítima defensa ante una agresión. Uno de los principales cambios es la presunción de que la persona que se defiende actúa de manera racional frente al ataque; en ese caso, será el Ministerio Público el que deba demostrar lo contrario.
La norma también elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse y establece que los fiscales deberán archivar de forma definitiva los casos en los que se compruebe que hubo legítima defensa.
En el plano judicial, los jueces estarán obligados a sustentar con una motivación cualificada cualquier resolución que descarte aplicar esta figura. Si no cumplen con esa exigencia, la decisión podrá ser declarada nula.
Con ambos decretos, el Ejecutivo busca endurecer la respuesta penal contra las redes que financian la extorsión y dar mayores garantías a los ciudadanos que se defiendan de ataques contra su vida, la de terceros o sus bienes.
La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros
