Una columna de opinión publicada en El Comercio examina si el llamado “modelo Bukele” de seguridad es aplicable en el Perú. El autor sostiene que algunas de sus medidas podrían adaptarse, pero que la realidad peruana obliga a una estrategia más compleja.
De acuerdo con el texto, el modelo salvadoreño arrancó con el retiro de alrededor del 20% del personal policial, por corrupción, vínculos con el crimen o edad. En el Perú, afirma el columnista, sacar a policías corruptos resulta difícil: el régimen disciplinario suele absolverlos y, cuando son expulsados, el Poder Judicial tiende a reponerlos.
El autor recuerda que la reforma policial en curso propone cambiar la ley de Régimen Disciplinario y la ley de Ascensos de la PNP. Señala que ni siquiera existe un reglamento de evaluación de desempeño que permita ascender por mérito y no por contactos o pagos. Aun así, se pregunta cómo evitar que el Poder Judicial reponga a los separados.
La columna también apunta a las escuelas de policía, a las que describe como una puerta de entrada del problema. Según el autor, a los postulantes se les cobra miles de dólares, lo que facilita el ingreso de hijos de delincuentes. Plantea acabar con esa práctica y reducir las escuelas de 18 a 10 para mejorar locales y docentes.
Sobre el sistema de justicia, el texto explica que en El Salvador fiscales y jueces liberaban a los detenidos. El Congreso, ya con mayoría oficialista, destituyó a los cinco magistrados titulares de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Luego aprobó una reforma de la carrera judicial que fijó el retiro obligatorio a los 60 años de edad o 30 de servicio, entre otras medidas. Con ello se renovó cerca de un tercio de jueces y fiscales.
En el caso peruano, el columnista considera que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, está comprometido, pues pidió integrarse al Comando Unificado. En cambio, describe al Poder Judicial como renuente, aunque sugiere que podría designar jueces decididos en el subsistema especializado contra la extorsión. También observa que la Fiscalía aún no cierra un protocolo conjunto con la Policía para la investigación preliminar.
Como propuesta, el autor plantea que el Congreso apruebe una ley para un proceso extraordinario de evaluación de integridad de jueces y fiscales. Este incluiría investigación patrimonial, detección de vínculos criminales, procedimientos disciplinarios rápidos y garantías de defensa. Estaría a cargo de la JNJ, con apoyo de una unidad técnica especializada y participación de la Contraloría y la UIF.
La columna añade que El Salvador cambió sus normas para facilitar condenas, pues su código procesal era muy garantista. Creó el delito de pertenencia a banda criminal, tipificado como terrorista y sancionado con 40 años de cárcel. Como los pandilleros eran fáciles de identificar por sus tatuajes, se encarceló a 85 mil personas en pocos meses.
En el Perú, en cambio, los extorsionadores no llevan tatuajes identificatorios y hay que probar la autoría del delito, lo que el autor considera más complejo. Por eso propone más inteligencia, tecnología y coordinación con empresas telefónicas y bancos, además de otorgar a la UIF facultades de investigación penal para intervenir empresas de fachada.
Para la extorsión dispersa, el columnista sugiere alianzas con los sectores afectados en ecosistemas locales que articulen a alcaldes, instituciones, organizaciones y juntas vecinales en una red preventiva, junto con planes y actividades para jóvenes. “Con todo eso ganamos”, concluye.
Las escuelas de la policía son una puerta de entrada del mal
Autor de la columna de opinión publicada en El Comercio
En el Perú los extorsionadores no llevan tatuajes identificatorios. Hay que probar la autoría de la extorsión. Es más complejo.
Autor de la columna de opinión publicada en El Comercio
Con todo eso ganamos.
Autor de la columna de opinión publicada en El Comercio