Una cartera de 66 proyectos mineros, con una inversión estimada de 64,075 millones de dólares en 19 departamentos, enfrenta riesgos que pueden afectar su evaluación y financiamiento. Así lo advierten especialistas, que apuntan a los conflictos sociales, la minería ilegal e informal, las demoras en los permisos y la falta de coordinación entre entidades públicas. Las cifras de la cartera corresponden al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
La conflictividad es uno de los principales focos de preocupación. Según la Defensoría del Pueblo, en agosto de 2026 el país registró 188 conflictos sociales. De ellos, 92 fueron socioambientales, y el 66.3% de estos últimos estuvo relacionado con la actividad minera.
Al decidir, inversionistas y entidades financieras no miran solo el potencial geológico y la rentabilidad. También revisan la situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la gestión social y ambiental de cada proyecto. Estos factores definen las condiciones y la estructura del financiamiento.
Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía., explicó que comprender los temas regulatorios y los riesgos del proyecto determina la estructura de la operación y el contenido de los contratos.
A ese panorama se suman las trabas administrativas. Aunque el marco legal peruano brinda protecciones importantes a la inversión, los procedimientos engorrosos, las demoras y la falta de articulación institucional pueden aumentar la incertidumbre y frenar el avance de los proyectos.
Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía., sostuvo que el marco legal es en general atractivo, pero que los problemas aparecen en la operación. Planteó mejorar la eficiencia y reducir plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales.
Los conflictos, los bloqueos y la minería ilegal e informal también afectan la imagen del Perú en el exterior. Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault, señaló que estos son los puntos débiles que el país debe resolver para mantener su atractivo.
Según la nota, enfrentar estos problemas exige una respuesta articulada del Estado y una gestión temprana de los riesgos sociales y regulatorios por parte de las empresas. Mejorar la coordinación entre entidades, agilizar trámites sin reducir estándares y fortalecer la gestión social darían mayor predictibilidad a los proyectos en un mercado internacional competitivo.
Lo que hace realmente distintivo un financiamiento en el sector minero es entender los temas regulatorios y los riesgos del proyecto, porque eso determina la estructura de la operación y el contenido de los contratos. También es fundamental tener claramente identificados los activos, los flujos y los pasivos, así como la gestión social
Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía.
El marco legal peruano tiene décadas, está consolidado, y respaldado por una industria de mucha trayectoria, de modo que es en general atractivo para la inversión minera. Dicho eso, las principales fricciones aparecen en la operación: permisos que demoran, instituciones que no coordinan y procedimientos engorrosos o redundantes. La tarea es mejorar la eficiencia y reducir plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales
Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía.
Perú cuenta con un marco regulatorio y una trayectoria minera que generan confianza. Los puntos débiles que veo desde fuera son la minería ilegal e informal y los conflictos sociales, incluidos los bloqueos prolongados; son problemas que el país debe resolver para mantener su atractivo
Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault
