La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a la Fiscalía General de la Nación de Colombia investigar al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, quien gobernó la ciudad entre 2001 y 2004. El tribunal evalúa su posible vinculación con actuaciones institucionales ligadas a las operaciones militares realizadas en la Comuna 13 durante su gestión.
La medida forma parte de una decisión de 1.337 páginas en la que la JEP también imputó a los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego, además de a otros diez integrantes de la fuerza pública. La compulsa de copias abarca hechos de las operaciones Mariscal y Orión y el hallazgo de fosas comunes en el corregimiento de San Cristóbal en 2003.
Según los magistrados, hay elementos que contradicen lo que el exalcalde declaró ante la jurisdicción: que no conocía los detalles de los procedimientos militares o que se enteró cuando ya habían empezado.
La Operación Mariscal
Uno de los hechos analizados ocurrió el 21 de mayo de 2002, durante la Operación Mariscal. En ella participaron miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con apoyo de grupos paramilitares. De acuerdo con la JEP, la acción se presentó como un operativo para capturar milicianos, pero terminó con nueve muertos, 33 heridos y 37 detenidos que no eran las personas que las autoridades decían buscar.
El tribunal cuestionó que el entonces alcalde no reaccionara para detener a los uniformados pese a los reportes de disparos indiscriminados contra casas y calles. El magistrado Gustavo Salazar, correlator del caso, explicó que le preguntaron por qué no actuó cuando el número de civiles afectados era enorme, entre ellos menores de edad y personas con discapacidad.
La Sala también revisó lo que Pérez dijo públicamente tras el operativo. Al día siguiente, su administración difundió un comunicado que calificó de “extraña e incomprensible” la postura de las organizaciones sociales que denunciaban abusos de la fuerza pública. En otro pronunciamiento, el alcalde pidió actuar contra lo que llamó “informes mentirosos y amañados” sobre el control paramilitar en la zona.
Para la JEP, esas expresiones fueron “ofensivas y estigmatizantes” y mostrarían que Pérez tenía “un conocimiento puntual” de lo ocurrido, a diferencia de lo que luego declaró ante los magistrados.
La Operación Orión
El tribunal examinó además el papel del exalcalde en la Operación Orión, ejecutada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002 con apoyo del Bloque Cacique Nutibara. En ese operativo se registraron homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos.
Pérez sostuvo que fue informado cuando la operación ya estaba en curso, pero otros testimonios indicaron que conocía su planeación. El compareciente Juan Armando Cadena afirmó que el alcalde y el secretario de Seguridad participaron en esa etapa. El general retirado Leonardo Gallego declaró que el alcalde tuvo conocimiento y que él mismo pidió intervenciones en la Comuna 13, luego de sufrir un ataque con armas de fuego cuando intentó ingresar a la zona.
Las fosas de San Cristóbal
Otro sustento del pedido es el hallazgo de diez fosas comunes en la vereda Bellavista, en San Cristóbal, el 31 de julio de 2003. El 6 de agosto de ese año, Pérez ordenó difundir un comunicado que planteaba que las víctimas podían ser narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o miembros de grupos ilegales “muertos en los enfrentamientos con la fuerza pública y enterrados allí por sus compañeros”.
Sin embargo, tras una exhumación, la JEP determinó que seis de los siete cuerpos identificados eran vecinos de la Comuna 13 desaparecidos por paramilitares después de la Operación Orión. Algunos fueron sacados de sus casas, de un lavadero de carros y de un billar.
En total se recuperaron 13 cuerpos: siete identificados, dos aún en proceso de identificación y cuatro cuyo paradero se desconoce. Estos últimos fueron inhumados entre enero y junio de 2004 en el Jardín Cementerio Universal, entonces administrado por la Alcaldía de Medellín. La Sala indicó que su custodia correspondía a la Fiscalía y a la administración municipal, y que su desaparición mantiene la afectación a las familias que los buscan.
Sobre lo dicho por el exalcalde acerca de las fosas, la JEP consideró que sus palabras “denotan una inaceptable intención de negar los hechos atroces que venía denunciando parte de la sociedad civil”.
Recompensas a un paramilitar
La decisión revisó también el funcionamiento de Metroseguridad, que durante la gestión de Pérez se convirtió en empresa industrial y comercial del Estado. En 2002 recibió una asignación de $10.455 millones y su junta directiva era presidida por el alcalde o por un secretario designado por él.
Esa entidad administró el Convenio Interadministrativo 015, firmado el 2 de abril de 2002 con la Gobernación de Antioquia, que destinó $200 millones del Fondo de Seguridad departamental al pago de recompensas solicitadas por la Policía y las Fuerzas Militares. Entre mayo y noviembre de ese año se desembolsaron $187,8 millones, de los cuales $87 millones fueron para informantes vinculados con operaciones en las comunas 7 y 13 y en San Cristóbal.
Uno de esos pagos llamó la atención de los magistrados: $3 millones entregados a Euries Arturo Roldán Peláez, a quien la JEP identifica como paramilitar activo del Bloque Cacique Nutibara. El dinero fue solicitado por la Regional de Inteligencia Militar No. 6 para la Operación Justicia y figura en la orden de pago 0687 del 2 de octubre de 2002.
Pérez negó conocer el movimiento de recursos hacia el Ejército y la Policía. El magistrado Salazar, en cambio, sostuvo que sus declaraciones fueron contrastadas con testimonios y registros de reuniones que indicarían que sí recibía información sobre los operativos.
La pregunta que le hicimos al señor alcalde es por qué no hizo nada para frenar el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme. Muchos de los civiles que entran heridos eran menores de edad y había personas con discapacidad.
Gustavo Salazar, magistrado de la JEP y correlator del caso
Sí señor magistrado, que yo recuerde, el señor alcalde tuvo conocimiento. Él mismo requirió intervención allá en la comuna.
Leonardo Gallego, general retirado
No, yo no fui informado. Y creo que cuando van a ejecutar un contrato, el director no tiene que informar a nadie.
Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín
El entonces alcalde estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. Él manifestó que no conocía detalles de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros encontramos que eso se pone en duda porque hubo reuniones y varios comparecientes dijeron que él había sido informado.
Gustavo Salazar, magistrado de la JEP
