El Congreso de la República de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos. La votación terminó en la madrugada del martes 20 de octubre de 2026, tras una larga jornada.
El Senado respaldó el texto con 57 votos a favor y la Cámara de Representantes aprobó la misma versión con 112 votos. Al coincidir ambos textos, no fue necesaria una conciliación y el proyecto quedó listo para la sanción del presidente Abelardo de la Espriella.
El resultado representa la primera victoria del Ejecutivo en el Legislativo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, calificó el respaldo como una señal para la política económica del Gobierno y describió el trámite como uno de los más complejos que ha enfrentado el Congreso.
Gómez sostuvo que las cuentas reflejan el desequilibrio entre ingresos y obligaciones del Estado. Según sus cálculos, la Nación recauda en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta cerca de 40 billones. El ministro ubicó la deuda pública en 1.174 billones de pesos y defendió un programa de austeridad, pues, a su juicio, el presupuesto supera la capacidad de financiamiento del país.
La distribución final destina 393,25 billones de pesos a funcionamiento, rubro que cubre nómina, transferencias y obligaciones recurrentes. Otros 147,07 billones irán al servicio de la deuda y 94,63 billones a inversión.
Frente a la propuesta inicial, el pago de deuda se redujo en 8,36 billones de pesos, lo que permitió ampliar las partidas de inversión y funcionamiento. Entre los cambios figura una adición de 3 billones para salud, financiada con recursos retirados del servicio de la deuda.
El texto también incluye 100.000 millones de pesos para fomentar la educación superior y 11.400 millones para indemnizar a familias de soldados lesionados en servicio. Además, reserva 3,9 billones para la atención y prevención de desastres, en medio de la reconstrucción tras el terremoto de agosto.
Uno de los principales retos es la sostenibilidad fiscal. El Gobierno prevé un ajuste equivalente al 2,2 % del producto interno bruto (PIB) mediante una ley de rescate económico que todavía no ha presentado. Según explicó Gómez en el Congreso, esa norma buscaría recortar gastos de funcionamiento e incluiría medidas tributarias. Los congresistas pidieron al Ejecutivo definir pronto su contenido y alcance.
El plan de austeridad prioriza recortes en contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad. Sin embargo, buena parte del gasto ya está comprometida: el funcionamiento representa cerca del 62 % del total y la deuda alrededor del 23 %, lo que reduce el margen para mover recursos sin afectar obligaciones o programas vigentes.
También hay dudas sobre la reconstrucción. Aunque se creó la partida de 3,9 billones de pesos, las estimaciones citadas en el debate sitúan el costo total cerca de 30 billones. Legisladores cuestionaron los artículos 84 y 85, que permiten reorientar recursos hacia el Fondo Milagro, y reclamaron más controles. El Senado aprobó informes trimestrales sobre saldos y recursos de fondos públicos, medida que algunos congresistas consideraron insuficiente.
En declaraciones a Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié criticó el retiro del proyecto presentado por Gustavo Petro y afirmó que el aumento de recursos para deuda afectó la financiación regional y social. Dijo que su bancada proponía más fondos para la reconstrucción, la educación, la salud, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). También cuestionó recortes que, según él, afectan al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la rapidez del trámite.
Desde la bancada oficialista, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez negó que se haya desfinanciado la inversión social. En la misma emisora, afirmó que la inversión creció 8 billones de pesos entre el primer y el segundo debate y resaltó una asignación de 22 billones para inclusión social, con programas para adultos mayores, infancia y adolescencia. Pérez defendió las adiciones para salud y señaló que la futura ley de rescate debería reducir el gasto de funcionamiento en cerca de 45 billones.
El debate empezó el 29 de julio, cuando el gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto por 575,7 billones de pesos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que ese texto preveía gastos por encima de las metas fiscales oficiales, y el Banco de la República alertó que cerca de 30,2 billones estaban pendientes de financiación, ligados a ingresos inciertos.
Con el cambio de Gobierno, el ministro Gómez pidió retirar la propuesta anterior. El 11 de agosto, las comisiones económicas conjuntas devolvieron el proyecto al Ejecutivo para que ajustara las cifras, algo que no ocurría desde 2003. Un día antes, un terremoto de magnitud 7,4 había sumado presión a las cuentas públicas.
El 27 de agosto, el Gobierno de De la Espriella presentó un nuevo proyecto por 634,9 billones de pesos, 59 billones más que el inicial. Según el CARF, la diferencia incorporaba gastos que no estaban plenamente reflejados antes, como pensiones, salud, nómina pública, subsidios de energía y gas, y servicio de la deuda.
Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto global el 14 de septiembre, en primer debate. Para las plenarias, la ponencia elevó la inversión en 6,49 billones, hasta 94,63 billones, y el funcionamiento en 1,87 billones, hasta 393,25 billones.
Tras la aprobación en ambas cámaras, la sanción presidencial es el siguiente paso para que el presupuesto rija desde el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, el Gobierno deberá presentar las medidas con las que piensa sostener el ajuste fiscal previsto.
el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad
Miguel Gómez, ministro de Hacienda de Colombia
Nosotros buscábamos era continuar aumentando la inversión. No aumentábamos el funcionamiento como lo aumentó este gobierno. Aumentó el funcionamiento del Estado en $25 billones. Muy preocupante
Marco Emilio Hincapié, representante del Pacto Histórico, a Caracol Radio
Yo sí no entiendo cómo me pueden decir a mí que se puede aumentar la inversión cuando los recursos son famélicos, cuando todos los ministerios, todos los fondos quedaron absolutamente barridos. Esa es una narrativa
Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, a Caracol Radio