El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo que precisar el alcance de su anuncio sobre una posible liberación anticipada de presos vinculados a las pandillas, luego de que sus primeras declaraciones generaran confusión sobre cuántas personas se beneficiarían.
En un inicio, el mandatario señaló que el plan podría alcanzar al 50% de los presos que habían colaborado con estos grupos. La frase se entendió como una medida que abarcaría a la mitad de los 96.457 reos vinculados a las pandillas y detenidos desde el 2022, durante el régimen de excepción.
Sin embargo, el viernes, tres días después de su primera declaración, Bukele aclaró que su Gobierno revisa los casos de unos 10.600 presuntos colaboradores de pandillas. De ellos, aproximadamente la mitad, unos 5.000, podría acogerse a un programa de liberación anticipada.
El presidente remarcó que no saldrá libre ningún pandillero, poste, chequeo o gatillero, términos que aluden a distintos roles dentro de las estructuras criminales. Indicó que los colaboradores deben evaluarse uno por uno, pues no todos tendrían la misma responsabilidad: algunos podrían merecer penas de hasta 20 años y otros podrían acceder a una salida anticipada.
Bukele también criticó a los medios que informaron que liberaría a unas 46.000 personas y les exigió publicar una rectificación o aclaración.
El mandatario admitió que algunos detenidos pudieron colaborar con las pandillas bajo coacción. Diferenció entre quienes ejercían violencia y quienes ayudaban a los criminales para sobrevivir o evitar represalias. Reconoció que, en un país bajo el control de estos grupos, colaborar no era raro, y llegó a decir que detener a todos los colaboradores obligaría a arrestar al 20% de la población de El Salvador, que tiene 6,4 millones de habitantes.
Para Gabriel Labrador, periodista de El Faro que cubre política, corrupción, seguridad y derechos humanos, la declaración de Bukele dejó en evidencia la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia en los procesos judiciales. En declaraciones a El Comercio, explicó que el régimen de excepción amplió el margen de acción del Ejecutivo en ámbitos que corresponden a la justicia y la Fiscalía.
Labrador ubica el origen de esa concentración de poder en mayo del 2021, cuando la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al entonces fiscal general, y nombró a sus reemplazos. A su juicio, esos cambios facilitaron que el Ejecutivo controle instituciones que deberían ser independientes.
El periodista recordó que la Fiscalía investiga y acusa, y que los tribunales resuelven los procesos. Por eso, cuestionó que sea el presidente quien anuncie qué grupos de presos podrían salir antes de cumplir sus condenas. Añadió que el plan requiere reformar diversas leyes, como la de crimen organizado, cuya modificación del 2025 establece que ningún colaborador de pandilla puede recibir liberación anticipada o condicional.
Labrador subrayó la diferencia entre integrantes de una pandilla y colaboradores. Explicó que la propia Fiscalía salvadoreña usa este último término para referirse a personas que no son pandilleras ni ocupan un lugar en una clica, el grupo específico que forma una pandilla, pero que ayudan en actividades delictivas. Según el periodista, la clave es saber si esa colaboración fue voluntaria, habitual o bajo amenazas.
El periodista sostuvo que esa distinción no ha tenido suficiente espacio en el debate público porque el Gobierno ha impulsado una narrativa en la que cualquier vínculo con las pandillas vuelve culpable a una persona. Describió comunidades empobrecidas, con poca presencia del Estado, donde las pandillas ejercían un control diario y negarse a una exigencia podía traer represalias. Recordó que algunas familias tuvieron que dejar sus casas de un momento a otro por orden de un jefe pandillero.
Labrador no descarta que algunas personas denunciaran las exigencias de las pandillas y que esas denuncias llevaran a capturas, aunque considera que fueron casos excepcionales.
A partir de su cobertura de audiencias judiciales y conversaciones con abogados defensores, el periodista afirmó haber advertido arbitrariedad y opacidad en los procesos del régimen de excepción. Señaló que la reserva legal sobre los expedientes hace muy difícil conocer las acusaciones y que muchos abogados temen hablar con periodistas o compartir documentos. Esto, dijo, impide saber qué pruebas sustentan cada caso, cómo se mide la participación de cada detenido y qué mecanismos existen para identificar a inocentes.
Labrador también leyó el anuncio en clave política. A su juicio, la cercanía de las elecciones presidenciales previstas para febrero del 2027 podría explicar en parte el interés del Gobierno por mostrar una imagen más favorable hacia los presos y sus familias, aunque mencionó otras posibles razones, como la presión sobre la capacidad del sistema penitenciario.
El periodista indicó que las primeras declaraciones del presidente generaron contradicciones y que la Casa Presidencial tuvo que convocar otra conferencia para precisar el plan, algo que, según dijo, se apartó del control comunicacional que suele mostrar Bukele. Para Labrador, el debate sobre las liberaciones debería servir también para revisar los criterios de las detenciones, las pruebas de las acusaciones y las garantías de los presos para demostrar su inocencia.
Este anuncio de la semana pasada revela mejor que ninguna otra frase o declaración que haya dado antes el presidente sobre quién es el que decide el destino de todos los presos, sobre todo los del régimen de excepción
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
En cualquier democracia, este tipo de información la daría el órgano judicial, el sistema de tribunales, los juzgados de vigilancia penitenciaria o la Fiscalía General de la República. Pero, en este caso, es el presidente
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
Lo que ha hecho desde el inicio este gobierno es vender una narrativa donde todos los que están relacionados, ya sea mucho o poco, con pandillas son culpables
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
Si tú hoy no le colaborabas a un pandillero, sabías que a ese pandillero lo ibas a ver al día siguiente y que podía haber represalias
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
Hoy en día es muy complicado, por no decir imposible, conocer los detalles de los procesos contra el régimen de excepción
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
Bukele es un publicista. Él nunca ha querido entrar en estos detalles o en esta complejidad, precisamente porque sabe que en comunicación lo simple, lo sencillo, lo fácil de entender es lo que vende
Gabriel Labrador, periodista de El Faro
