El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto de sus miembros la decisión sobre si es inconstitucional la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendida hasta el 31 de diciembre. Así lo anunció el pleno tras una audiencia pública en la que expusieron la parte demandante y la demandada.
El Colegio de Abogados de Loreto, que presentó la demanda, argumentó que la prórroga se constituye en “un régimen de excepción de responsabilidad penal para quienes ejercen la minería ilegal”. Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, a través de sus procuradores, defendieron el proceso de formalización y solicitaron que se desestime la demanda.
La acción cuestiona la Ley N° 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera, y el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1695, que modificó el Código Penal en lo referido a la minería ilegal. Esa norma establece que la actividad minera es delito cuando se realiza sin autorización de la autoridad competente y causa o puede causar daño al ambiente o a la salud, y que alcanza a quienes la realizan fuera del proceso de formalización.
No es la primera vez que el gremio acude al TC. En 2025, el tribunal declaró improcedente un pedido similar por una cuestión procesal, aunque dispuso que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que otorguen excepciones de responsabilidad penal, en especial por delitos ambientales de mineros en formalización. En junio de 2026, el colegio presentó la nueva demanda, que el TC admitió en agosto.
Samuel Abad, representante de los demandantes, pidió al tribunal que haga cumplir ese fallo anterior. Afirmó que el Ejecutivo lo habría incumplido al aprobar la quinta prórroga y mantener la excepción penal. Además, dijo que no esperan un cambio con el proyecto de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que el Gobierno envió al Congreso.
Esa propuesta plantea crear un régimen excepcional de consolidación para quienes están en proceso de formalización, vigente hasta julio de 2028 y a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Abad cuestionó que, mediante ese mecanismo, el régimen de formalización continúe más allá de 2026, y dio a entender que ello podría permitir que la minería ilegal siga operando impunemente.
César Ipenza, también representante del colegio, consideró que el Reinfo estaría encubriendo la minería ilegal, a la que calificó como la principal actividad criminal del país. Indicó que movilizó US$ 11,500 millones en 2025 y que este año podría mover hasta US$ 18,000 millones.
Ipenza recordó que el Perú produce cerca de 120 toneladas de oro al año, pero exporta más de 240 toneladas. Según dijo, el registro se estaría usando para “lavar” oro de origen ilícito por parte de quienes no pueden ser procesados pese a destruir bosques y contaminar fuentes de agua.
Juan Carlos Prado, representante del Congreso, defendió la última prórroga. Explicó que busca contribuir a la formalización y que dio plazo al Ejecutivo para presentar la nueva Ley MAPE, a fin de facilitar la transición hacia un sistema que corrija los “cuellos de botella” del proceso.
Entre esos problemas, mencionó que el 93% de los mineros en formalización no ha logrado firmar contratos que le den derecho de explotación sobre las concesiones, y que hay 29,580 expedientes vigentes en el Reinfo a la espera de completar el proceso. Precisó que el proyecto ingresó a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, donde se aprobó tramitarlo con carácter de urgencia.
Prado advirtió que, si el TC declara fundada la demanda, cerca de 30,000 mineros con registro vigente pasarían automáticamente a la ilegalidad, lo avanzado perdería sentido y no habría incentivo para diferenciar a los mineros en vías de formalización de los ilegales.
Luis Huerta Guerrero, de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional del Poder Ejecutivo, pidió declarar improcedente la demanda. Sostuvo que ya venció el plazo para impugnar la normativa, dada hace seis años, que exime de responsabilidad penal a los inscritos en el Reinfo.
Huerta Guerrero señaló que ese “paraguas” de excepción penal desaparecerá junto con el Reinfo el 31 de diciembre, algo que, según dijo, el Ejecutivo ratificó en el proyecto de Ley MAPE. Agregó que, si hubiera dudas sobre la aplicación de la legislación penal, se podría plantear una modificación a la propuesta del Gobierno.
Los abogados demandantes pidieron al TC emitir su fallo antes del 31 de diciembre, fecha en que vence la nueva prórroga del Reinfo.
Constituirse en un régimen de excepción de responsabilidad penal para quienes ejercen la minería ilegal
Colegio de Abogados de Loreto, en su demanda ante el TC


