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Seguridad

SULLANA Internan 50 días a adolescente por presunta violación

El Primer Juzgado de Familia de Sullana dictó 50 días de internamiento preventivo para un adolescente de 17 años, investigado por la presunta violación sexual agravada de una menor de 17 años. La Segunda Fiscalía Civil y de Familia de Sullana pidió la medida.

Un adolescente de 17 años, investigado por la presunta violación sexual agravada de una menor de 17 años, permanecerá 50 días en internamiento preventivo. Así lo dispuso el Primer Juzgado de Familia de Sullana, que declaró fundado el pedido de la Segunda Fiscalía Civil y de Familia de esa provincia.

El investigado será recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura mientras continúan las diligencias del caso. En la audiencia, el fiscal sustentó lo que calificó como graves y fundados elementos de convicción.

De acuerdo con la denuncia, el abuso se habría producido en la madrugada del 4 de noviembre de 2026. Esa misma tarde, la madre de la menor acudió a la Comisaría de Familia PNP de Sullana para denunciar las agresiones que sufrió su hija. Esto permitió intervenir y detener en flagrancia al adolescente.

Según la tesis fiscal y la declaración anticipada de la víctima en cámara Gesell, el investigado la interceptó y la llevó por la fuerza en una motocicleta lineal hasta un terreno descampado y sin alumbrado público en el asentamiento humano Nueva Sullana. Allí la habría golpeado en la cabeza y el rostro, y le habría jalado el cabello cuando intentó escapar, antes de agredirla sexualmente.

La Fiscalía sostiene que, después, el adolescente la llevó contra su voluntad a su vivienda, donde la volvió a agredir física y sexualmente bajo amenazas constantes e intimidación psicológica.

Para sustentar el pedido, el Ministerio Público presentó los presupuestos que exige el artículo 209 del Código de los Niños y Adolescentes. Entre ellos figuran el testimonio de la menor en cámara Gesell, la declaración de su madre, actas policiales y el certificado médico legal.

El fiscal también advirtió que el investigado no tiene arraigo laboral, educativo ni familiar sólido. Además, acreditó que en agosto de 2025 fue sentenciado a cuatro años y seis meses de pena suspendida por tenencia o porte ilegal de armas y municiones.

Para la Fiscalía, ese antecedente evidencia que el adolescente no se sujeta a los mandatos de la autoridad y que existe un alto riesgo de que obstaculice la investigación, dada la vulnerabilidad de la agraviada.