El Gobierno amplió la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno. La prórroga rige desde el 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida también alcanza a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, por el riesgo elevado de que la enfermedad se disemine. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 019-2026-SA, publicado en el Boletín de Normas Extraordinarias del diario oficial El Peruano.
Según los considerandos de la norma, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa informó que, hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, se identificaron casos de sarampión en 23 departamentos y en las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana. En total, los casos se registran en 75 provincias y 227 distritos del país.
De acuerdo con ese reporte, Puno reúne el 17,3 % de las provincias con transmisión activa (13 de 75). Además, el 63,43 % de los distritos afectados (144 de 227) se concentra en cuatro jurisdicciones: Puno, con 59 distritos; Cusco, con 29; Lima Metropolitana, con 28; y Arequipa, con 28.
El decreto también modifica el Anexo II del Decreto Supremo N.º 008-2026-SA, ya modificado por el Decreto Supremo N.º 013-2026-SA, en lo referido a cantidades y precios unitarios de los ítems de la Actividad 2.3 del Plan de Acción del Instituto Nacional de Salud. La norma precisa que este cambio no suma nuevas intervenciones, no altera las metas físicas ni varía el monto total de recursos transferidos a esa entidad.
Durante la prórroga continuará la contratación de los bienes y servicios incluidos en el listado para atender la emergencia en Puno y el riesgo de diseminación en las demás zonas. Esas contrataciones y adquisiciones deben destinarse exclusivamente a los fines que fijan las normas, bajo responsabilidad.
Al término de la prórroga, las entidades que intervienen en la emergencia sanitaria deberán informar sobre las actividades y los recursos ejecutados, así como sobre los resultados obtenidos.
El decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández.
