El Gobierno de Canadá advirtió que demandará a la automotriz Stellantis y le exigirá la devolución de cientos de millones de dólares en fondos públicos si no corrige en 30 días los incumplimientos de un acuerdo de financiamiento. La disputa surgió luego de que la empresa trasladara a Estados Unidos la producción que tenía prevista en una planta de Ontario y pactara la venta de esas instalaciones.
La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, informó en Toronto que el Ejecutivo remitió una notificación formal de incumplimiento a la compañía. "Enviamos una notificación de incumplimiento y, básicamente, tienen 30 días o ya saben. Por supuesto, los demandaremos", dijo a la prensa.
El reclamo se centra en que Stellantis abandonó sus planes de fabricar el Jeep Compass en su planta de Brampton sin identificar un vehículo que reemplace esa producción. La fabricación pasó a Illinois, en Estados Unidos, y más de 2,000 trabajadores canadienses se quedaron sin empleo.
El conflicto gira en torno a un acuerdo firmado en 2022, por el cual Canadá se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses (US$380 millones) para la reconversión de las plantas de Brampton y Windsor hacia la producción de vehículos eléctricos. Según Joly, la automotriz debe responder por cientos de millones de dólares por no cumplir sus compromisos.
Stellantis ofreció reembolsar los fondos federales recibidos para el proyecto de Brampton, aunque no precisó cuánto devolvería.
La tensión aumentó el lunes, cuando la empresa anunció un acuerdo para vender la planta de Brampton a Roshel, fabricante canadiense de vehículos blindados. El primer ministro Mark Carney cuestionó la operación, acusó a la automotriz de traicionar a los trabajadores canadienses y sostuvo que la venta es una solución parcial que no permite cumplir con las obligaciones de la compañía.
Joly adelantó que funcionarios del Gobierno federal y de la provincia de Ontario se reunirán con el director ejecutivo global de Stellantis para tratar el incumplimiento. Sin embargo, las conversaciones previas entre la empresa, el sindicato Unifor y representantes de ambos niveles de gobierno no lograron una solución.
La presidenta de Unifor, Lana Payne, advirtió que revertir la venta será más complicado porque la operación ya fue acordada. "El momento para frenar esto era la semana pasada, la anterior y la anterior a esa", afirmó.
El enfrentamiento se da en medio de las tensiones comerciales impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyos aranceles presionan a la industria automotriz canadiense, muy vinculada a la manufactura de Estados Unidos. Trump ha insistido en que los fabricantes trasladen sus operaciones a su país, lo que plantea un desafío para las inversiones y el empleo del sector en Canadá.
La industria automotriz es estratégica para la economía canadiense. Según cifras citadas por Carney, los vehículos son la segunda mayor exportación del país y el sector genera 125,000 empleos directos y otros 500,000 en industrias relacionadas.
Enviamos una notificación de incumplimiento y, básicamente, tienen 30 días o ya saben. Por supuesto, los demandaremos
Mélanie Joly, ministra de Industria de Canadá
El momento para frenar esto era la semana pasada, la anterior y la anterior a esa
Lana Payne, presidenta del sindicato Unifor
