Las Fuerzas Armadas podrán participar en la seguridad externa de los penales del país. El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo, promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que regula esta intervención de forma excepcional y temporal en los establecimientos comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia.
Según el Minjusdh, la medida busca reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta del Estado ante las amenazas del crimen organizado. El sector advirtió que la presencia de armas, drogas y medios de comunicación clandestinos dentro de las cárceles compromete su seguridad y permite que las actividades delictivas sigan afectando a las familias peruanas.
Con la norma, los militares podrán reforzar los controles para impedir el ingreso de personas y objetos prohibidos. Además, tendrán a su cargo prevenir fugas, rescates y ataques desde el exterior, y vigilar y proteger los muros, torreones, accesos y alrededores de los penales.
El decreto también los faculta para detectar y contrarrestar drones no autorizados que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria. Asimismo, podrán apoyar el bloqueo de comunicaciones ilegales, ubicar antenas clandestinas y aportar tecnología, inteligencia y soporte logístico.
Estas acciones se ejecutarán en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional, con respeto a las competencias de cada institución.
El Minjusdh señaló que la medida forma parte de su estrategia integral para fortalecer el control penitenciario. Por medio de otras normas, el sector impulsará la reorganización del INPE, el fortalecimiento de la carrera penitenciaria y la ampliación de la infraestructura.
De acuerdo con el ministerio, estas reformas apuntan a mejorar la custodia, la clasificación y la distribución de los internos, así como las capacidades de seguridad e inteligencia del sistema. El objetivo, indicó, es consolidar el control del Estado sobre las cárceles y evitar que las organizaciones criminales las usen para seguir amenazando a la población.
La prioridad es clara: fortalecer el control del Estado sobre las cárceles e impedir que las organizaciones criminales las utilicen para seguir amenazando a los peruanos.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
