La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio. La votación terminó con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
La iniciativa pretende devolver a este procedimiento su independencia respecto de los procesos penales. Así, el Estado podría solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas sin tener que esperar una sentencia penal definitiva.
La extinción de dominio es un mecanismo judicial que permite pasar al Estado la titularidad de bienes relacionados con actividades ilícitas. A diferencia de un proceso penal, que busca establecer responsabilidades e imponer penas de cárcel, este procedimiento solo determina si esos bienes deben pasar a propiedad estatal.
Uno de los ejes centrales del dictamen es restablecer la autonomía del procedimiento frente a otros procesos judiciales. En su versión original, el Decreto Legislativo 1373 reconocía su independencia frente al proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral.
Sin embargo, una modificación posterior incorporó como condición la existencia de una sentencia firme y consentida o de un laudo. Por eso, la reforma apunta a que la recuperación del patrimonio vinculado con actividades ilícitas no dependa necesariamente de que concluya antes otro juicio.
Además, la propuesta plantea fortalecer las garantías del procedimiento.
