El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente Martín Vizcarra para anular la acusación fiscal en su contra por el caso Richard Swing, vinculado a presuntas contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la cuestión previa que presentó la defensa del exmandatario. El recurso objetaba los cambios que el Ministerio Público hizo en la calificación penal de los hechos y en el grado de participación que le atribuye.
De acuerdo con información de El Comercio, la defensa alegó que la Fiscalía modificó la imputación por tráfico de influencias y negociación incompatible sin seguir los procedimientos correspondientes.
En un inicio, tráfico de influencias era la imputación principal y negociación incompatible, la alternativa. Sin embargo, en mayo de este año, el Ministerio Público invirtió ese orden y empezó a considerar a Vizcarra como autor y ya no como instigador.
Para la defensa, estos cambios afectaban el debido proceso y exigían una nueva autorización del Congreso de la República o la aprobación judicial respectiva.
La Fiscalía Suprema respondió que no cambió los hechos ni los delitos autorizados por el Congreso, y que solo precisó la imputación y el grado de intervención del expresidente.
El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que los cuestionamientos de la defensa deberán analizarse durante el control formal de la acusación. Así, el proceso sigue su curso sin que prospere el pedido de anulación.
Según la tesis fiscal, Vizcarra habría intervenido para favorecer la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, mediante nueve órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por un total de S/ 175 400. La acusación sostiene que esas contrataciones se habrían hecho entre 2018 y 2020, pese a que el cantante presuntamente no cumplía con el perfil requerido.
Por estos hechos, el Ministerio Público pidió cinco años y cuatro meses de prisión para Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible. De forma alternativa, solicitó seis años y ocho meses de cárcel por tráfico de influencias. Además, requirió seis años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La siguiente audiencia de control de acusación quedó programada para el 4 de noviembre, a las 2:30 p. m.
Vizcarra cumple actualmente una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionada con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
