La Procuraduría de Colombia empezó a revisar antiguos expedientes y contratos ligados a Norbert Vonblon Pomare, contratista de San Andrés y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.
Uno de los antecedentes bajo revisión es la construcción de la cárcel El Pesebre, en Antioquia. Allí, dos empresas del empresario abastecieron materiales y luego fueron mencionadas en una denuncia por presuntas irregularidades financieras.
Según una investigación de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, el caso también alcanza a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien fue procesado por su presunta participación en la entrega de garantías bancarias falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El penal, ubicado en Puerto Triunfo, fue adjudicado por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) el 28 de febrero de 2007 al Consorcio CMS Cárceles, por un monto inicial de $35.837 millones. El consorcio lo integraban CM Construcciones y Mantenimiento Ltda., Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda., Disico S. A. y Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S. A.
Molina García-Mayorga figuraba como representante legal suplente del grupo y era socio propietario de CM Construcciones. De acuerdo con el diario, a fines de 2007 se ordenó una auditoría contable externa tras advertirse presuntas anomalías en los informes que él presentó.
Esa revisión habría detectado giros de anticipos a contratistas sin las garantías ni las pólizas correspondientes. Entre las empresas citadas aparecen Agregados NVP Ltda. y Josefs Concretes Ltda., ambas de Vonblon y proveedoras de materiales para concretos y morteros.
Los señalamientos parten de una denuncia de Nelson Ríos Villamizar, representante legal de Disico S. A., que mencionó presuntos delitos de falsedad, estafa, abuso de confianza calificado, concierto para delinquir y amenazas.
Se busca determinar si en la contabilidad del consorcio se registraron ofertas mercantiles de las empresas de Vonblon con valores distintos a los originales, presuntamente para facilitar el uso de los anticipos de Fonade.
Una fuente citada por el diario sostuvo que los anticipos habrían pasado del 15% a porcentajes cercanos al 40%, y que los giros cuestionados sumarían $734 millones, transferidos a una cuenta de ahorros a nombre del contratista.
La misma fuente indicó que Vonblon habría alegado que actuó como tercero de buena fe y que no sabía que Molina García-Mayorga retiraba los recursos. Añadió que ambos compartían cuentas bancarias y que el tema debía ser investigado por la Fiscalía. Según la publicación, el proceso habría llegado a una imputación, aunque no se precisa su alcance ni su estado actual.
El vínculo comercial entre Vonblon y Molina García-Mayorga es uno de los puntos cuya revisión se solicita, sin que la información conocida permita atribuir al contratista responsabilidad en el caso Centros Poblados.
Otro antecedente es la construcción del hospital Amor y Patria, en San Andrés. Un tribunal de arbitramento determinó que empresas del Consorcio del Norte, representado legalmente por Molina García, incumplieron parcialmente sus obligaciones por no entregar algunos elementos y dejar obras sin ejecutar. Por ello, fueron condenadas a pagar $1.650 millones a Fonade.
Los cuestionamientos salieron a la luz luego de una visita del presidente Abelardo de la Espriella al archipiélago, en la que se dirigió a la representante Jay-Pang. “Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, dijo el mandatario.
Además, Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, pidió a la Fiscalía revisar varios procesos por presuntos hechos de corrupción en San Andrés y trasladarlos a Bogotá. El caso de la cárcel El Pesebre podría sumarse a esa revisión.
El abogado de Vonblon inicialmente dijo que respondería las preguntas de la prensa, pero no lo hizo al cierre de la publicación original. Tampoco se logró contactar al empresario a través de la representante Jay-Pang. Las eventuales responsabilidades deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, según la nota original
