Un tribunal federal del estado de Pará, en Brasil, ordenó el jueves al gobierno federal asegurar los medios para que los indígenas de todo el país puedan acudir a votar en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.
"La distancia geográfica, combinada con la falta de transporte accesible, puede hacer que un derecho con reconocimiento formal sea imposible de ejercer en la práctica", sostuvo el fallo.
La decisión acoge un pedido que fiscales federales presentaron el miércoles. Los fiscales solicitaron transporte gratuito por vía fluvial, terrestre o aérea, y financiamiento para alimentos, intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas en los locales de votación.
La demanda recoge testimonios de comunidades de distintas regiones de Brasil. Entre ellos figuran denuncias de que algunos gobiernos municipales negaron el transporte por razones políticas y de que ciertos ganaderos no dejaron salir de sus haciendas a sus trabajadores indígenas para ir a votar.
El domingo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se medirá con el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una segunda vuelta que, según los sondeos, será reñida. Ambos candidatos tienen enfoques distintos sobre cómo proteger la Amazonía.
Por su parte, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) informó el jueves que presentó una solicitud urgente ante la Oficina del Inspector General de Justicia para que los funcionarios electorales actúen con rapidez y ayuden a los indígenas a llegar a los centros de votación.
Según la Apib, el caso más grave involucra a 43 comunidades indígenas ubicadas en lo profundo de la selva del norte del país. El martes, el tribunal electoral del estado de Amazonas rechazó un pedido de apoyo con transporte presentado por Univaja, asociación que representa a los pueblos indígenas del Valle del Javari.
Algunos de esos electores viven a más de 895 kilómetros de su centro de votación, lo que exige viajes de tres a cinco días en barco. Para llegar a ciertas zonas remotas, las autoridades deben usar aeronaves militares que trasladan las máquinas de votación electrónica y al personal electoral.
"El Estado lleva la urna a la selva, pero no lleva al votante hasta la urna", afirmó la Apib.
Las aldeas del Valle del Javari tuvieron sus primeros centros de votación en 2014, gracias a las gestiones de Bruno Pereira, especialista en temas indígenas que murió en 2022 durante una misión en esa zona junto al periodista británico Dom Phillips.
La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), agencia del gobierno brasileño, dijo a la agencia AP que consultó a las comunidades sobre sus necesidades de transporte para la segunda vuelta, pero precisó que organizarlo corresponde a las autoridades electorales de cada estado.
La protección de los territorios indígenas es considerada una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Los investigadores advierten que la pérdida continua de bosques podría acelerar el calentamiento global.
Un análisis de 2022 de MapBiomas, red de organizaciones no gubernamentales que vigilan el uso del suelo, halló que los territorios indígenas de Brasil perdieron apenas el 1 % de su vegetación nativa en tres décadas, frente al 20 % en tierras privadas a nivel nacional.
La distancia geográfica, combinada con la falta de transporte accesible, puede hacer que un derecho con reconocimiento formal sea imposible de ejercer en la práctica.
Fallo del tribunal federal de Pará
El Estado lleva la urna a la selva, pero no lleva al votante hasta la urna.
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib)