La justicia del estado de Florida emitió una orden de arresto contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. El ataque dejó cuatro muertos y tensó aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan luego de que la Fiscalía General de Florida, que dirige James Uthmeier, reabriera el año pasado la investigación sobre el papel de Castro. En la época del derribo, Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Se trata de una causa estatal independiente, que le imputa un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. En mayo, el gobierno de Estados Unidos ya había presentado una acusación federal contra Castro, de 95 años, por siete cargos: cuatro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
En Florida, ese cargo estatal se clasifica como delito grave de primer grado, con una pena máxima ordinaria de 30 años de prisión, aunque la condena final depende de las normas de sentencia y de las circunstancias del caso. En el proceso federal, los cargos de asesinato y conspiración para matar a estadounidenses conllevan cadena perpetua o pena de muerte, además de hasta cinco años por cada cargo de destrucción de aeronave.
Uthmeier admitió el lunes que es improbable que Castro se entregue, pero afirmó que la orden podría facilitar su captura si viaja a un país dispuesto a cooperar con Estados Unidos.
Una de las pruebas centrales de la Fiscalía es una grabación de audio difundida en el 2006 por el periodista Wilfredo Cancio, entonces reportero de asuntos cubanos de El Nuevo Herald. Según el diario El País, en ese audio Castro reconoce haber dado la orden de derribar las avionetas.
En su declaración jurada, Florida sostiene que dos espías cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate informaron al Gobierno de Cuba sobre la base aeronaval de Key West y le pasaron los datos de vuelo de las avionetas. El documento indica que la red de espionaje ordenó a esos agentes no volar entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. El 24 de febrero fueron derribadas dos avionetas Cessna C-337 por cazas MiG cubanos.
Juan Álvarez Vita, quien fue embajador del Perú en Cuba, considera muy difícil que Estados Unidos logre sentar a Castro ante un tribunal. En declaraciones a El Comercio, opinó que la orden responde más a un cálculo político que a una posibilidad real de detenerlo.
El diplomático explicó que no hay una vía jurídica inmediata porque Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Cuba, y descartó que La Habana lo entregue voluntariamente. También consideró poco probable que Castro viaje a un tercer país con acuerdos de extradición con Washington, por su edad y el riesgo que implicaría.
Consultado sobre una posible operación similar a la que, según la nota original, se usó para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y llevarlo a Nueva York, Álvarez Vita señaló que eso supondría actuar fuera de los procedimientos jurídicos y podría implicar una intervención militar en Cuba, aunque dijo no creer que Washington quiera repetir una acción de ese tipo en la isla.
El exembajador también dudó de que la medida aumente de forma sostenida la presión internacional sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. A su juicio, forma parte de una dinámica recurrente entre ambos países y no tendrá un recorrido prolongado en la agenda bilateral.
Álvarez Vita vinculó además el anuncio con el peso de la comunidad cubano-estadounidense en Florida y con las elecciones de medio mandato previstas para noviembre. Mencionó también el rechazo de Rusia, aliado cercano de La Habana, a la orden de arresto, lo que, según él, dificulta un respaldo internacional amplio.
Hermanos al Rescate fue fundada en 1991 en Miami por el exiliado cubano José Basulto, piloto y veterano de la invasión de Bahía de Cochinos de 1961, junto con William (Billy) Schuss. Se dedicaba a buscar y auxiliar a balseros que huían de Cuba y mantenía una postura opositora al Gobierno cubano. Las autoridades de La Habana sostenían que sus vuelos violaban el espacio aéreo de la isla y eran provocaciones.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna 337 Skymaster de la organización despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en Miami, hacia el estrecho de Florida para buscar balseros. Meses antes, algunos integrantes habían lanzado panfletos contra el régimen sobre La Habana. Aviones MiG-29 y MiG-23 de la Fuerza Aérea cubana interceptaron las naves: dos fueron destruidas con misiles aire-aire y la tercera, pilotada por Basulto, logró volver a Florida.
En el ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Cuba afirmó que las aeronaves habían ingresado reiteradamente a su espacio aéreo y que actuó en defensa de su soberanía. Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyeron que las avionetas estaban en espacio aéreo internacional, al norte del paralelo 24.
En el 2003, fiscales estadounidenses acusaron a tres militares cubanos por el derribo: los pilotos Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, y su jefe, el general Rubén Martínez Puente. Ninguno fue extraditado ni compareció ante la justicia de EE. UU., por lo que el caso no avanzó.
Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista
James Uthmeier, fiscal general de Florida
Lo que cambia esa grabación es que ya hay una prueba de voz de Raúl Castro asumiendo la total responsabilidad
Wilfredo Cancio, periodista, a El País
Mi impresión es que se trata únicamente de una posición de carácter político, para hacer ruido en este momento
Juan Álvarez Vita, exembajador del Perú en Cuba
Jurídicamente, yo veo inviable su captura
Juan Álvarez Vita, exembajador del Perú en Cuba
Esto es un acto más dentro de la política que existe entre los dos países, que periódicamente remueve el asunto
Juan Álvarez Vita, exembajador del Perú en Cuba
