La Mesa Regional de Junín para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos aprobó 18 acuerdos en su segunda sesión plenaria de 2026, que se llevó a cabo en Satipo. Los compromisos buscan reforzar el trabajo conjunto y la atención coordinada frente a las situaciones de riesgo que afrontan quienes se dedican a esta labor.
La sesión estuvo liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Durante la jornada, se expuso el balance del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior, realizada el 18 de marzo.
Además, se planteó a las entidades del Estado presentes que asuman nuevos compromisos para mejorar la protección de las personas que realizan actividades de defensa de los derechos humanos en la región Junín.
Este espacio de coordinación entre instituciones forma parte de la estrategia de descentralización del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que el Minjusdh impulsa en los departamentos con mayor incidencia de situaciones de riesgo.
Según el Minjusdh, la Mesa Regional también sirve para transparentar y rendir cuentas sobre la atención que se brinda a los casos de riesgo y sobre los problemas que afectan a los defensores de derechos humanos.
En la reunión participaron representantes de los ministerios del Interior, del Ambiente, de Cultura, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo Agrario y Riego, que integran el Mecanismo Intersectorial. También asistieron delegados de Devida.
Por parte de las organizaciones indígenas estuvieron la Asociación Regional de Pueblos Indígenas Selva Central (ARPI SC), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Cenconsec) y la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central (Ornasec).
Asimismo, acudieron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de las cortes superiores de Justicia de la Selva Central, del Módulo Defensorial de Satipo de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la Selva Central y de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.
