El Poder Judicial (PJ) dispuso que las autoridades provinciales de San Martín se abstengan de autorizar cambios de zonificación y proyectos urbanos que afecten las áreas protegidas de la laguna de Ricuricocha, en la región San Martín.
La decisión la tomó el Primer Juzgado Civil de Maynas, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo.
El proceso se originó por una ordenanza aprobada el 7 de julio de 2025. Esa norma permitía modificar la zonificación de un terreno de 39,0281 hectáreas para el proyecto inmobiliario Prana Lagoons, de la empresa Franquicia Ciudapolis S.A.C., y transformaba terrenos agrícolas y de preservación paisajística en zonas de uso urbano, residencial y recreacional.
De acuerdo con la sentencia, ese cambio ponía en riesgo el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y no era compatible con el Plan de Desarrollo Urbano vigente. La laguna es un humedal de alto valor ecológico por su biodiversidad y porque sirve de refugio a diversas especies de aves.
La Municipalidad Provincial de San Martín derogó la ordenanza el 2 de diciembre de 2025, luego de advertir cuestionamientos técnicos y legales. Entre las irregularidades se señalaron la falta de una audiencia pública obligatoria, deficiencias en la atención de las observaciones ciudadanas y la ausencia de una opinión técnica ambiental.
Si bien la derogación y la nulidad de los actos derivados pusieron fin a la amenaza, el juzgado consideró necesario emitir un pronunciamiento para prevenir hechos similares. Por eso ordenó al concejo provincial y a la municipalidad no volver a incurrir en las acciones u omisiones que dieron origen a la demanda.
El mandato impide tramitar o aprobar planes, habilitaciones urbanas y licencias que contradigan la condición de suelo no urbanizable e intangible de las áreas protegidas indicadas en la sentencia. También obliga a garantizar la participación ciudadana y a contar con opiniones técnicas ambientales en toda propuesta que involucre el ámbito de influencia de la laguna.
Las autoridades que no cumplan la resolución podrían recibir multas progresivas o ser destituidas, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas. El juzgado dispuso, además, que la entidad demandada pague los costos del proceso a favor de la asociación.



