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PESTE PORCINA Panamá refuerza controles para frenar al virus

Panamá, que no ha registrado casos de peste porcina africana (PPA), acogió un nuevo taller con organismos internacionales, autoridades veterinarias y técnicos de la región para reforzar la prevención de esta enfermedad, que no tiene vacuna comercial eficaz de uso rutinario.

Imagen referencial
Imagen referencial · Foto: USDAgov / Flickr

Representantes de organismos internacionales, autoridades veterinarias y técnicos de distintos países de la región se reunieron en Panamá para tratar la prevención de la peste porcina africana (PPA), una enfermedad que hasta ahora no ha sido detectada en territorio panameño, pero que se ha vuelto uno de los pilares de la política sanitaria animal de ese país.

Según las autoridades, el taller más reciente buscó fortalecer las capacidades técnicas de los países participantes, promover buenas prácticas de bioseguridad en las granjas porcinas y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de que el virus ingrese y se propague.

El cambio de rumbo se dio en 2021. Ese año, Panamá declaró una alerta zoosanitaria luego de que se confirmaran brotes de PPA en República Dominicana, país cercano en términos de intercambio comercial y riesgo epidemiológico.

Desde entonces, las autoridades panameñas aplicaron una serie de medidas: prohibieron las importaciones de origen porcino desde países afectados y reforzaron la vigilancia epidemiológica en fronteras, puertos y aeropuertos. Además, desarrollaron capacidades de diagnóstico en laboratorio y realizaron simulacros de emergencia para medir su respuesta ante un posible brote.

A estas acciones se sumaron talleres, congresos y reuniones de alto nivel con expertos de organismos internacionales, servicios veterinarios y asociaciones de productores de todo el continente. Este trabajo, enmarcado en iniciativas como el Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Animales Transfronterizas (GF-TADs) y la Iniciativa Global para el control de la PPA, convirtió a Panamá en sede frecuente de encuentros técnicos sobre la enfermedad, la bioseguridad y otras patologías transfronterizas.

Esa agenda posicionó al país como un punto de articulación entre la evidencia científica, las políticas públicas y las alianzas público-privadas en Centroamérica y el Caribe.

La PPA es una enfermedad hemorrágica muy contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres. Tiene una alta tasa de mortalidad: en sus formas más graves, el virus puede matar a casi la totalidad de los animales infectados. Además, provoca fuertes pérdidas económicas en toda la cadena porcina.

Como no existe una vacuna ampliamente disponible y registrada para uso rutinario, la prevención depende casi por completo de la bioseguridad, la vigilancia, el control de movimientos y la gestión de riesgos en las cadenas productivas y logísticas.

La enfermedad no supone un riesgo directo para la salud humana. Sin embargo, su impacto indirecto en la economía, el empleo rural y el abastecimiento de proteína animal es considerable, sobre todo en comunidades que dependen de la crianza de cerdos. Durante el encuentro se explicó que este efecto se agrava en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, donde los pequeños productores no tienen margen financiero para afrontar la pérdida masiva de animales.

Por ello, mantener su condición de país libre de PPA se volvió un objetivo estratégico para Panamá. Un eventual ingreso del virus golpearía de forma desproporcionada a los pequeños y medianos porcicultores.

El riesgo va más allá de la producción interna. Una detección del virus también podría afectar la confianza internacional en la inocuidad y sanidad de las exportaciones agropecuarias panameñas, un factor clave para un país que depende del comercio exterior de productos del agro.

La alta patogenicidad, la falta de una vacuna eficaz y la resistencia del virus en el ambiente explican por qué la PPA está entre las principales preocupaciones de los servicios veterinarios en el mundo. Para economías agropecuarias como la panameña, esto se traduce en una vigilancia permanente y sin relajamientos en los controles fronterizos.