El Instituto Nacional Electoral (INE) de México denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles conductas delictivas en la administración de recursos públicos. El organismo pidió que la autoridad federal investigue los hechos y, si encuentra elementos suficientes, establezca las responsabilidades del caso.
La denuncia se conoce en medio de los escándalos relacionados con Guadalupe Taddei y con el contratista Alfredo Hernández Casillas, así como con su hermano Raymundo.
En un posicionamiento institucional, el INE explicó que la medida responde solo a su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso del dinero público. Además, sostuvo que estos principios deben regir todas sus actividades.
Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que su instancia presentó seis denuncias penales. Estas apuntan contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, y también contra empresas.
En su comparecencia ante los diputados, Carvente señaló que entre 2014 y 2025 cinco empresas vinculadas entre sí simularon competir y lograron contratos por 2461 millones de pesos con organismos públicos locales electorales (OPLE). Según el funcionario, esa sería la cifra del daño económico, a la que podrían sumarse otros montos.
El INE remarcó que su decisión no está condicionada por la identidad de los involucrados, los cargos que ocuparon, las funciones que cumplieron ni los periodos en que trabajaron. Agregó que la denuncia no obedece a motivos personales ni políticos, sino a sus deberes como entidad pública que maneja fondos del erario.
El organismo reiteró que aplica una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo los recursos destinados a sus funciones constitucionales. Según precisó, no habrá excepciones por jerarquía, antigüedad ni responsabilidad dentro de su estructura.
Asimismo, el instituto indicó que la transparencia y la rendición de cuentas deben guiar su trabajo. Por ello, cualquier señalamiento sobre un posible uso indebido del presupuesto debe ser revisado por las autoridades competentes.
Con la denuncia presentada, la FGR deberá analizar los elementos entregados por el INE, realizar las diligencias necesarias y determinar si existen delitos y si procede iniciar acciones legales.
