Contar con un modelo de prevención de delitos no basta para que una empresa quede a salvo de una eventual responsabilidad penal. Lo decisivo es cómo identifica sus riesgos, qué controles aplica y si estos funcionan de verdad dentro de la organización, advierten especialistas en derecho penal.
Sophia Icaza, abogada penalista y socia de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados, sostiene que la efectividad de estos sistemas tiene que probarse con hechos. En el Perú, la Ley N.° 30424 y su reglamento establecen criterios para evaluar su funcionamiento, que van desde el compromiso de la dirección hasta la actualización de los riesgos y la evaluación de los controles.
Según Icaza, las empresas deben acreditar que sus políticas se aplican en el día a día, que las irregularidades se investigan y que se corrigen las fallas detectadas. Como evidencias menciona las matrices de riesgos actualizadas, los informes de auditoría, los registros de capacitación, las denuncias investigadas y la documentación de medidas correctivas. Además, el responsable de prevención debe tener autonomía, recursos y acceso a la dirección para comunicar alertas e impulsar acciones.
La abogada indica que el diagnóstico no puede quedarse en una revisión general. Debe considerar las actividades específicas de la empresa, sus contratos, sus vínculos con funcionarios públicos y la participación de proveedores, consultores e intermediarios. Recomienda revisar operaciones sensibles como licitaciones, permisos, comisiones y pagos a terceros, y verificar antecedentes, reputación y posibles conflictos de interés de los socios comerciales.
Esa revisión no termina con la firma del contrato. La debida diligencia exige seguimiento durante toda la relación comercial para detectar cambios en el perfil de riesgo, pagos inusuales o conductas sospechosas, con verificaciones cuya frecuencia y profundidad dependan de la exposición de cada tercero.
Los controles también deben ajustarse al tamaño de cada organización. Una gran empresa puede necesitar sistemas automatizados y auditorías especializadas, mientras que una mype puede recurrir a autorizaciones documentadas, revisiones periódicas de pagos y verificación de proveedores.
Otro punto clave es el canal de denuncias. Para detectar irregularidades a tiempo, debe ser accesible, confidencial e independiente, proteger a los denunciantes de represalias y garantizar que las alertas se investiguen con objetividad. Su sola existencia no prueba que sea eficaz: importa qué pasa después de recibir un reporte.
Luis Felipe Bramont-Arias Torres, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y especialista en Derecho Penal, precisa que la responsabilidad de una persona jurídica no surge automáticamente de cualquier delito cometido en sus actividades. Bajo la Ley N.° 30424 deben evaluarse, entre otros elementos, que el delito esté comprendido en la norma, el beneficio directo o indirecto para la empresa y la actuación de la persona natural dentro de la organización. También si hubo un defecto de organización por ausencia de mecanismos que razonablemente hubieran podido evitar el delito.
Para el especialista, uno de los errores más comunes es implementar el modelo sin una cultura de cumplimiento normativo: la empresa puede cumplir lo formal, pero si sus integrantes no conocen ni asumen las reglas, el sistema pierde efectividad. Otro riesgo es encargar el diseño completo a un tercero sin involucrar a personal clave, lo que impide conocer con certeza los riesgos penales reales. Por eso, el perfil de riesgos debe elaborarse con quienes conocen las operaciones y los procesos internos.
Bramont-Arias añade que la supervisión exige una distribución clara de funciones. Los órganos de administración deben participar en la implementación y vigilancia del modelo, y la delegación no se concreta con una simple designación formal: hay que fijar límites, definir responsabilidades y comprobar que el encargado tiene autonomía, recursos y acceso a la información. Si esas condiciones no se dan, quien delega puede conservar la competencia que podría generarle responsabilidad penal.
Ante indicios de un posible delito, la empresa debe tener procedimientos para evaluar los hechos, preservar la documentación y evitar la manipulación o contaminación de las pruebas. Según el especialista, los órganos de control deben decidir, según la calidad y cantidad de los indicios, si corresponde informar a la autoridad fiscal. Estos pasos deben formar parte del propio modelo para que la organización sepa cómo actuar y pueda acreditar su colaboración con una eventual investigación.
Las consecuencias de una prevención deficiente pueden ir más allá de una multa. La Ley N.° 30424 contempla, según corresponda, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertas operaciones, la cancelación de licencias, la prohibición de contratar con el Estado, la clausura de locales y la disolución de la persona jurídica. A ello se suman el daño reputacional y la posibilidad de que otras empresas restrinjan sus relaciones comerciales con una organización sancionada, lo que afecta su continuidad en el mercado.
El caso de Alpha Consult, cuya condena fue anulada y que deberá enfrentar un nuevo juicio, ilustra la importancia de evaluar estos mecanismos con rigor. La discusión sobre su modelo de prevención incluyó la necesidad de examinar la idoneidad material de los controles y de fundamentar el defecto de organización atribuido a la compañía, en lugar de dar por suficiente la falta de un programa o la existencia de una certificación.
Para Bramont-Arias, el funcionamiento del modelo debe acreditarse con registros de acciones, análisis de reportes, investigación de denuncias, capacitaciones y resultados del monitoreo. La revisión debe ser permanente y activarse ante cambios en el negocio, nuevas operaciones, incidentes internos o hallazgos de auditoría. En última instancia, la prevención depende de que los controles respondan a los riesgos reales y de un compromiso sostenido de la dirección, los trabajadores y los terceros vinculados.
En definitiva, la efectividad se demuestra con hechos, no solo con documentos
Sophia Icaza, abogada penalista y socia de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados
Lo importante no es la cantidad de controles, sino que sean proporcionales a los riesgos y funcionen en la práctica
Sophia Icaza, abogada penalista y socia de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados
Muchas veces se cumplen con las disposiciones legales exigidas para el modelo de prevención de delito, pero al no modificarse la cultura organizacional, dicho modelo no se cumple o no se acepta como parte de la identidad de la empresa
Luis Felipe Bramont-Arias Torres, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima


