La bancada de Juntos por el Perú presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conceder amnistía al vacado expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo. La propuesta llega cuando están por cumplirse cuatro años del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La autora de la iniciativa es la diputada Catherin Palomino, vinculada a Castillo e investigada por la Comisión de Ética por haber pedido a los trabajadores de su despacho que pagaran tarjetas de presentación, cuadros y alimentos. El proyecto cuenta con el apoyo de otros 29 diputados de Juntos por el Perú y 14 del Partido Cívico Obras. Entre los coautores figura también César Holguín, de Ahora Nación.
La fórmula legal propone dos tipos de amnistía. La primera abarca los hechos vinculados al mensaje del 7 de diciembre de 2022. La segunda cubre actos relacionados con protestas sociales. En ambos casos, quedan fuera los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
En el primer caso, el beneficio alcanzaría a todas las personas que participaron en los actos previos o preparatorios, así como en la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso de Castillo. El texto precisa que la amnistía comprende a los intervinientes “en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”.
El segundo supuesto incluye hechos ocurridos desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan dado en el marco de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de carácter político y social durante la crisis de ese periodo.
Según el documento, la aplicación de la amnistía extinguiría la acción penal o la pena, según corresponda, dispondría el archivo definitivo de los procesos y dejaría sin efecto las medidas de coerción personal, como detención, prisión preventiva o comparecencia con restricciones, además de las órdenes de captura y requisitorias nacionales e internacionales.
El principal beneficiado sería Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión. Otra posible beneficiada sería la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, quien recibió la misma condena y se encuentra en México. Chávez salió del Perú el 7 de agosto, tras recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Ese día, la presidenta declaró: “Correspondía y por eso hemos actuado de esta manera que el Gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez”.
La medida también podría favorecer a Aníbal Torres, quien el 7 de diciembre de 2022 se desempeñaba como asesor 2 del Despacho de la PCM, y a Willy Huerta, entonces ministro del Interior.
El constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la amnistía es una decisión de carácter político, pero advirtió que su aprobación enviaría un mal mensaje a la ciudadanía. Recordó que Castillo intentó cerrar el Tribunal Constitucional, la fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso.
Para Amprimo, aprobar la propuesta “sería la legalización de un estado de absoluta arbitrariedad”. A su juicio, la iniciativa de Juntos por el Perú responde a un fin político y busca favorecer a personas implicadas en hechos ilícitos e inconstitucionales.
La amnistía comprende a todas las personas que hayan intervenido en los hechos señalados en el artículo 4, en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal.
Proyecto de ley de Juntos por el Perú
Correspondía y por eso hemos actuado de esta manera que el Gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez.
Keiko Fujimori, presidenta de la República
No nos olvidemos que Castillo pretendió cerrar el Tribunal Constitucional, la fiscalía y el Poder Judicial, además del Congreso, solo porque se le estaba investigando y porque habían declaraciones de exfuncionarios de su gobierno que daban cuenta de un comportamiento absolutamente no apegado al régimen jurídico y constitucional.
Natale Amprimo, constitucionalista
Sería la legalización de un estado de absoluta arbitrariedad en la cual quien está en el gobierno considera que no está obligado a respetar la Constitución.
Natale Amprimo, constitucionalista