Jueces y representantes de los Centros de Acogida Residencial (CAR) se reunieron en un conversatorio para analizar cómo mejorar la coordinación entre instituciones y acelerar los procesos de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La actividad, denominada “Articulación y celeridad: optimizando los procesos de protección entre el Poder Judicial y los Centros de Acogida Residencial”, formó parte de las actividades académicas vinculadas a la justicia de familia.
El juez Luis Erasmo Samaniego, del Consejo de la Judicatura de Ecuador, moderó el diálogo. También intervinieron Isabel Cristina Lazo Montero, coordinadora general del CAR “URPI”, y Sonia Meneses Palomino, jueza de Familia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
Los participantes compartieron experiencias, criterios y propuestas. Además, revisaron las dificultades que pueden surgir en estos procesos y coincidieron en la necesidad de reforzar los canales de comunicación entre el sistema de justicia y los centros encargados del acogimiento de menores.
Como parte de la jornada se realizó un taller participativo en el que los asistentes analizaron, debatieron y resolvieron un caso práctico. Este ejercicio les permitió contrastar puntos de vista desde sus respectivos ámbitos de trabajo y plantear alternativas para mejorar los procedimientos.
Luego, en una plenaria, se expusieron las conclusiones y se identificaron aspectos que pueden mejorar en la articulación entre las instituciones involucradas.
El encuentro terminó con la definición de compromisos y propuestas para fortalecer el trabajo conjunto y lograr una atención más rápida, coordinada y oportuna a los menores que requieren medidas de protección.
Según la información difundida, el diálogo evidenció que la atención de esta población exige una intervención articulada que evite retrasos y garantice la continuidad de las acciones de protección, con el interés superior de niñas, niños y adolescentes como eje central.
