Maritza Manturano Castro, actual jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa (Mindef), es investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal, según reveló el dominical Cuarto Poder.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía la identifica como presunta cabecilla de una red que habría contratado proveedores para servicios que no se realizaron en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). Los hechos habrían ocurrido durante su gestión como gerenta general de esa empresa, cargo al que fue designada en 2019.
La hipótesis fiscal comprende la contratación de 22 presuntos locadores ‘fantasma’ y más de 200 órdenes de servicio. Según la carpeta fiscal, Manturano habría supervisado que los gerentes de línea facilitaran esas contrataciones cuestionadas.
Su abogado, Roberto Robles, precisó el alcance de la imputación contra su patrocinada: “Lo que se le imputa es específicamente haber aprobado en el cargo de gerente general de Emilima los vouchers de pago de todos los trabajadores o locadores en ese entonces contratados por las diversas áreas especializadas”.
Uno de los casos bajo investigación es el de Cinthya Cavero González, quien habría conseguido un contrato a través de Yasmín Sevilla Nieto, amiga de Manturano. Para la Fiscalía, Cavero habría simulado el servicio y entregado a Sevilla el dinero cobrado, tras descontar el pago a la Sunat; Sevilla, a su vez, lo habría transferido o entregado a la entonces gerenta general.
El reportaje difundió un audio, entregado por un aspirante a colaborador eficaz, en el que Cavero y Sevilla conversan sobre qué declarar ante la Fiscalía.
La investigación alcanza también a Pedro Gamio Felipa, esposo de Manturano, por su presunta participación en la contratación de algunos locadores. Según el dominical, la Fiscalía sustenta su hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta red en testimonios, conversaciones y material aportado por aspirantes a colaboradores eficaces.
Manturano mantiene una relación cercana con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. La funcionaria está afiliada a Libertad Popular, participó en actividades de la campaña del ministro y figuró como apoderada de cuatro de sus empresas: Belaúnde Llosa SAC, Corporación Belaúnde SAC, Inmobiliaria El Sol Tumbes 2 SAC e Inmobiliaria Ferimar SAC.
Tras la emisión del reportaje, Manturano envió una carta a Cuarto Poder en la que invocó su presunción de inocencia. En ese documento, afirmó que la Fiscalía calificó de manera “artificiosa” el caso como organización criminal para mantener abierta la investigación hasta por nueve años.
Por su parte, su abogado indicó que Manturano guardará silencio ante las citaciones fiscales.
Lo que se le imputa es específicamente haber aprobado en el cargo de gerente general de Emilima los vouchers de pago de todos los trabajadores o locadores en ese entonces contratados por las diversas áreas especializadas
Roberto Robles, abogado de Maritza Manturano


