Auditores de la Contraloría General de la República (CGR) revisaron 52 establecimientos penitenciarios durante un operativo nacional y encontraron 265 situaciones adversas que ponen en riesgo la seguridad y vigilancia integral de estos recintos, donde están recluidos cerca de 90 000 internos. Los locales de Lima concentran la mayor cantidad de riesgos.
Según el órgano de control, el problema que más se repite en los penales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es la insuficiente asignación y disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad. Esta deficiencia suma 81 situaciones adversas.
Entre los penales con algunas de estas limitaciones figuran Miguel Castro Castro, Cañete y Huacho (Lima); Huaraz y Chimbote (Áncash); Chincha (Ica); La Oroya y Chanchamayo (Junín); Trujillo (La Libertad); Tumbes; Tarapoto (San Martín) y Moquegua.
Los informes de control señalan que en 24 de las 52 cárceles el personal no alcanza para cubrir todos los torreones, el perímetro y el monitoreo de videovigilancia, ni para trasladar y custodiar a los internos. Esto, advierte la CGR, reduce la capacidad de respuesta ante eventos que comprometan la seguridad interna, de los reclusos, del personal penitenciario o de los visitantes.
La Contraloría también identificó agentes de seguridad sin licencia para usar armas de fuego o con la licencia vencida, lo que podría generar riesgos o contingencias legales si llegaran a disparar. De los 229 agentes con licencia vencida, 200 trabajan en el penal Miguel Castro Castro y 29 en el de Chachapoyas (Amazonas).
En 43 de los 52 penales se hallaron problemas por cámaras de videovigilancia inoperativas (51 situaciones adversas). Los casos más frecuentes se observaron en la Base Naval – Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Callao), Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Bagua Grande (Amazonas), Arequipa y Camaná (Arequipa), y Cochamarca (Pasco).
Los auditores encontraron cámaras malogradas, defectuosas, con imágenes borrosas o sin visualización, además de zonas críticas sin cobertura que generan puntos ciegos. En esas condiciones, el sistema no permite recuperar ni respaldar adecuadamente las grabaciones. También se detectaron periodos de almacenamiento de imágenes menores a los 60 días que exige la norma.
Otro hallazgo es la falta o inoperatividad de equipos para controlar los accesos, lo que limita la revisión de visitas y bienes y podría facilitar el ingreso de objetos prohibidos (50 situaciones adversas). La CGR constató la ausencia o el mal estado de equipos de rayos X, arcos detectores, escáneres, sistemas de control biométrico y detectores de metales portátiles.
En Chimbote (Áncash) y Callao, por ejemplo, la inspección y registro de personas se hace solo de forma manual porque los equipos fallan. Asimismo, se hallaron equipos inoperativos en Challapalca (Puno), Camaná (Arequipa), Huancayo (Junín), Huánuco, Cochamarca (Pasco), Cajamarca y Trujillo (La Libertad).
En 13 penales se identificaron riesgos por deficiencias en el bloqueo o inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia, así como en su supervisión, lo que podría afectar el control de comunicaciones ilegales. Siete de ellos no cuentan con estos sistemas: Barbadillo (Lima), Base Naval – CEREC (Callao), Río Negro (Junín), Juanjuí y Tarapoto (San Martín), Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali).
Los otros seis sí tienen inhibidores instalados, pero carecen de resultados de pruebas de efectividad y de reportes de incidencias sobre su funcionamiento. En los penales de Callao y Chiclayo (Lambayeque) se comprobó que había señal de celular pese a contar con estos sistemas.
Por último, en 41 de los 52 penales se encontraron deficiencias en la seguridad perimetral, principalmente en el estado de conservación y funcionalidad de muros, cercos, mallas y torreones, lo que podría limitar la capacidad de contención y vigilancia. También se detectaron fallas en la iluminación y en los faros 'busca personas', que podrían dificultar la vigilancia del perímetro durante la noche.