El juez de la Audiencia Nacional de España José Luis Calama asumió la investigación contra tres responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del caso Plus Ultra. Los funcionarios son investigados por emitir un certificado que acreditó que la aerolínea estaba al corriente de pagos con la Administración, condición clave para acceder a un apoyo público de 53 millones de euros.
La decisión consta en un auto al que accedió la agencia EFE el jueves 15 de octubre. En él, el magistrado acepta la inhibición de la plaza número 22 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que había abierto diligencias por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
La denuncia hace referencia a un certificado expedido el 20 de agosto de 2020. Según Manos Limpias, el documento estaría firmado por José Luis Encinas, como subdirector general adjunto de la Tesorería General de la Seguridad Social, y rubricado por Belén Fruiters, como jefa de sección de la Tesorería de Madrid. La acusación también atribuyó los hechos a Rodrigo Mares, director provincial de la Tesorería General.
De acuerdo con la denuncia, el certificado acreditó que, a esa fecha, la empresa no tenía pendiente ninguna reclamación por deudas vencidas con la Seguridad Social. La Fiscalía Provincial de Madrid sostuvo que así se habría cumplido uno de los requisitos indispensables para el rescate: estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda.
En su escrito, el Ministerio Público recogió fragmentos de la denuncia que mencionan una supuesta reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ya investigado en la causa de la Audiencia Nacional, y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Según el fiscal, esa reunión podría haber llevado a que el 5 de octubre de 2020 Rodrigo Mares dictara una resolución que concedió a Plus Ultra un aplazamiento para pagar una deuda con la Seguridad Social de presuntamente 451.954,79 euros, correspondiente al periodo de julio de 2017 a mayo de 2020.
La Fiscalía Provincial de Madrid respaldó abrir una causa contra los tres funcionarios al advertir una “apariencia inicial de relevancia penal suficiente”. Sin embargo, propuso remitir el caso a la Audiencia Nacional por la conexión con los hechos que ya se investigan allí. Ahora el juez Calama asume las pesquisas al considerar que existen razones para su conocimiento conjunto.
El magistrado ubica a Rodríguez Zapatero en el “vértice” de una supuesta red de influencias para que Plus Ultra obtuviera en 2021 un préstamo de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Además del presunto tráfico de influencias, el juez investiga un presunto lavado de dinero, ante la sospecha de que los gestores de la aerolínea “idearon un plan para apropiarse” de “cantidades de dinero ‘limpio’” para destinarlas “a sociedades instrumentales de la red de blanqueo”.
El fondo fue aprobado por el Gobierno español el 3 de julio de 2020 para brindar apoyo público temporal y reforzar la solvencia de empresas no financieras consideradas estratégicas y afectadas por la pandemia. Estaba adscrito al Ministerio de Hacienda y lo gestionó un Consejo Gestor a través de la SEPI.
Se solventó así presuntamente uno de los requisitos ineludibles para que la compañía Plus Ultra pudiera acceder al rescate que no era otro que estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda
Fiscalía Provincial de Madrid
Dicha reunión podría haber ocasionado que el día 5 de octubre de 2020, el denunciado Rodrigo Mares, dictó una resolución concediendo un aplazamiento para el pago de la deuda que Plus Ultra tenía con la Seguridad Social que ascendía presuntamente a 451.954,79 euros (periodo julio de 2017 a mayo de 2020)
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid