El Poder Ejecutivo creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, una instancia que dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La medida se formalizó con el Decreto Supremo N.º 141-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
La decisión se enmarca en la lucha contra la criminalidad y en el trabajo del Comando Unificado. Según la norma, el objetivo es contar con un espacio de supervisión, articulación política y seguimiento de las intervenciones estatales destinadas a restablecer la paz social, fortalecer el orden interno y combatir el crimen organizado.
El grupo deberá instalarse oficialmente en un plazo de diez días hábiles contados desde la publicación del decreto. Tendrá a su cargo la supervisión de las acciones vinculadas al eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031, que busca reducir los delitos violentos que afectan la integridad de los ciudadanos y las actividades económicas.
Entre sus principales funciones figuran emitir alertas y recomendaciones a los sectores, presentar iniciativas normativas al Consejo de Ministros y proponer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la priorización de recursos del presupuesto.
El dispositivo también señala que la comisión impulsará mecanismos para intercambiar información estratégica y reservada entre entidades públicas y privadas. Además, tomará conocimiento de las medidas adoptadas contra la criminalidad para monitorearlas, aunque no intervendrá en la conducción operativa de las fuerzas del orden.
El colegiado será presidido por el titular de la PCM y estará integrado por los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos, y de Relaciones Exteriores. Su participación será indelegable y ad honorem.
Para reforzar el soporte técnico y la coordinación estatal, la comisión podrá convocar a sesiones ampliadas a representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de otros sectores del Ejecutivo y de diversos organismos, así como al sector empresarial y a la sociedad civil.
