El Poder Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley N.º 30077) y crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Se trata de un repositorio administrativo de carácter secreto que busca identificar y neutralizar a las bandas que usan explosivos o armas de guerra para obtener beneficios económicos o patrimoniales.
La norma, emitida con las facultades que el Congreso delegó en materia de seguridad ciudadana (Ley N.º 32743), incorpora el artículo 317-C al Código Penal. Este artículo tipifica las formas agravadas del delito de organización criminal con prácticas terroristas.
El nuevo tipo penal castiga con penas privativas de libertad de entre 15 y 35 años a quienes "instrumentalicen el temor mediante atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial o cualquier actividad económica con el fin de obtener un lucro ilegítimo".
La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena) se encargará de implementar y administrar el RENOCTE. Según el decreto, una agrupación delictiva podrá ser inscrita por dos vías.
La primera es por mandato fiscal o judicial: cuando se formalice investigación preparatoria, se dicten medidas de coerción personal o se emita sentencia condenatoria por el artículo 317-C. En esos casos, las autoridades deberán remitir la información en un plazo máximo de tres días hábiles.
La segunda vía es una declaratoria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), sustentada en informes de inteligencia y de cooperación internacional.
Para inscribir a una banda, el Cosedena deberá verificar tres criterios objetivos: que tenga una estructura delictiva organizada y jerarquizada; que planifique, ejecute o promueva atentados con explosivos o armas contra infraestructura, transporte o ciudadanos; y que persiga un beneficio patrimonial ilegítimo. El Consejo también evaluará de forma periódica si esas circunstancias continúan, para actualizar, modificar o cancelar la inscripción.
El decreto modifica además la ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para facultarla a ordenar el congelamiento inmediato de los fondos o activos de las personas naturales o jurídicas incluidas en el RENOCTE.
De forma complementaria, la Sedena enviará la lista de inscritos a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que generará de manera automática alertas migratorias preventivas.
La norma lleva las firmas del primer vicepresidente encargado del despacho presidencial, Luis Galarreta; del ministro de Defensa encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rafael Belaúnde; del ministro del Interior, César Astudillo; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.
El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días hábiles para aprobar el reglamento correspondiente.

