Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su alarma por lo que califican como el "cierre del espacio cívico" en el Perú, tras la reciente serie de detenciones de artistas y activistas en Lima, Cusco y San Martín.
Los pronunciamientos se difundieron a través de las cuentas oficiales de los relatores en la red social X y pusieron la atención en el impacto de las medidas judiciales y policiales ejecutadas en el país.
La primera en alertar fue Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. "El cierre del espacio cívico en Perú está tomando dimensiones alarmantes. Además de las restricciones legales de la sociedad civil, se suma la sospechosa creación de registros de supuestas organizaciones criminales tras la detención de activistas el día de ayer", escribió.
Mediante el Decreto Legislativo 1746, el Gobierno de Keiko Fujimori modificó la Ley 30077 y creó el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (Renocte).
En varias publicaciones, Romero recordó que viene advirtiendo sobre los graves efectos de la ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) en la libertad de asociación, así como sobre la disposición que busca tipificar como delito la incidencia internacional en defensa de los derechos humanos. También mencionó las reformas al Código Penal mediante el Decreto Legislativo N.° 635, que, según indicó, restringen indebidamente el derecho a la protesta.
La relatora sostuvo que la falta de implementación de recomendaciones internacionales y las restricciones locales, como en Lima, han formado un "cerco casi inaccesible para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía", con un saldo constante de estigmatización, criminalización y víctimas fatales.
A la denuncia se sumó Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, quien confirmó en X que recibió información sobre los operativos y anunció que seguirá de cerca el caso.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, respaldó la posición de sus colegas y señaló que el cierre del espacio cívico se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Los pronunciamientos llegan después del operativo "Centinela 2026", ejecutado de forma simultánea en Urcos (Cusco) y en el centro de Lima por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
La intervención fue autorizada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que dispuso la detención preliminar por 15 días y el allanamiento de inmuebles contra cinco personas en Lima, Cusco y San Martín.
Entre los detenidos están los artistas Pedro Mo (Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez) y Brenda Jah (Brenda Denisse Mejía Sinarahua), además de Libia Tatiana Arcila Vila, David Eraclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua. La Fiscalía les atribuye la presunta comisión del delito de afiliación a la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
De acuerdo con la hipótesis del fiscal Javier Antonio Heredia Cercado, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, los investigados formarían parte de una estructura vinculada al MRTA a través del Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH).
La tesis fiscal sostiene que ambas agrupaciones realizaban tareas de formación política, adoctrinamiento ideológico, captación de nuevos cuadros y difusión de agitación y propaganda entre 2024 y 2025.
El cierre del espacio cívico en Perú está tomando dimensiones alarmantes. Además de las restricciones legales de la sociedad civil, se suma la sospechosa creación de registros de supuestas organizaciones criminales tras la detención de activistas el día de ayer.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
¿Qué tiene que pasar para que las instituciones peruanas se tomen en serio a los derechos humanos, el estado de derecho y los valores democráticos, y para que la sociedad civil y la acción colectiva sea respetada?
Gina Romero, relatora especial de la ONU
He recibido información sobre la detención en Lima, Cusco y San Martín en Perú de personas artistas, activistas feministas y defensoras de los derechos humanos.
Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Estoy preocupada por la estigmatización y criminalización de la que son víctimas estas personas al acompañar las luchas de las poblaciones campesinas y populares, a través del arte y las expresiones culturales. Continuaré haciendo seguimiento de cerca a esta situación.
Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU
Me sumo a las preocupaciones de mis colegas relatoras Andrea Bolaños y Gina Romero respecto al paulatino cierre del espacio cívico en el Perú. Ahora se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión
Las libertades de expresión (incluida la expresión artística), de asociación, reunión y el derecho a defender derechos humanos no pueden ser arbitrariamente coartados.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial de la ONU

