El Perú tiene una oportunidad para negociar mejores contratos de cobre ante la creciente escasez de concentrado en el mercado mundial, según plantea Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto, en un análisis sobre lo discutido en la reciente Semana de la Bolsa de Metales de Londres (LME Week).
Ese encuentro reunió a actores de un mercado marcado por una demanda en alza, una oferta limitada y gobiernos que intentan depender menos de China. Para Castilla, el reto peruano es sacar partido de su papel como productor de concentrado, un insumo cada vez más escaso, en un contexto donde el procesamiento y la trazabilidad del metal ganan peso estratégico.
La producción no avanza al ritmo de la demanda. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), poner en marcha una mina de cobre toma en promedio 17 años desde que se descubre el yacimiento. Sin nuevos proyectos grandes, la oferta podría quedar cerca de una cuarta parte por debajo de la demanda en el 2035.
En el corto plazo, los números parecen contradecirse. El Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) proyectó un superávit de cobre refinado de 96,000 toneladas en el 2026 y de 377,000 en el 2027, cuando en octubre del 2025 anticipaba un déficit de 150,000. La explicación, según el análisis, está en las etapas de la cadena: el excedente se da en el refinado, mientras que el concentrado arrastra un déficit estimado de 317,000 toneladas este año.
La extracción está repartida entre varios países: Chile tiene 23% de la producción mundial, la República Democrática del Congo 14%, el Perú 12% y China 8%. En el refinado, en cambio, China acapara cerca de 48% y el Perú apenas 1%. China cuenta con gran capacidad de procesamiento y depende del mineral de otros países, lo que, de acuerdo con Castilla, convierte el suministro en un asunto geopolítico.
Como ejemplo de ese control, el autor cita las tierras raras. China produce cerca de 69% del total mundial, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y refina cerca de 85%. Desde abril del 2025 exige licencia para exportar siete de esos elementos, usados en imanes de vehículos eléctricos, turbinas y equipos de defensa. Sus reglas más amplias de octubre del 2025 están suspendidas hasta el próximo 10 de noviembre tras su acuerdo con Estados Unidos, aunque las licencias de abril siguen vigentes. Estados Unidos responde con crédito público, pisos de precio y acuerdos bilaterales con países proveedores, como el préstamo de US$ 10,000 millones a Project Vault, una reserva de minerales críticos.
La trazabilidad, es decir, la capacidad de demostrar dónde se extrajo y dónde se procesó el metal, responde sobre todo a una razón geopolítica, sostiene Castilla. Hasta hace poco, una tonelada de cátodos —planchas de cobre refinado de alta pureza— valía lo mismo sin importar la mina de origen. Exigir esa información rompe esa uniformidad: las fundiciones mezclan concentrados de distintas minas y países, por lo que identificar la procedencia obliga a separar lotes en cada etapa, con costos adicionales y reglas que cambian según el mercado.
El resultado, según el análisis, es un cobre certificado que se vende con prima y otro convencional que compite con descuento. Un indicio de esa fragmentación es la brecha entre los precios de la bolsa de Nueva York (COMEX) y la LME. Estados Unidos aplica desde agosto del 2025 un arancel de 50% a los semielaborados de cobre y evalúa extenderlo al cátodo. Por ello, los inventarios de COMEX pasaron de cerca de 320,000 a casi 770,000 toneladas cortas en un año, según Shanghai Metals Market. A fines de julio, el precio en Nueva York superó al de Londres en unos US$ 420 por tonelada, según Bloomberg, más de diez veces su promedio de 28 años. Castilla precisa que esa diferencia responde al mercado de destino y no a una certificación de origen.
Otra señal de escasez son los cargos de tratamiento, el pago que las mineras hacen a las fundiciones por convertir el concentrado en cobre refinado. Cuando el concentrado escasea, las fundiciones compiten por él y ese cargo baja, incluso por debajo de cero. El cobre, además, cotiza en niveles históricamente altos.
El Perú es el tercer productor mundial de cobre, con 2.7 millones de toneladas en el 2025, cerca de 12% del total, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La minería representó 66% de las exportaciones del 2025 (US$ 61,849 millones), de las cuales US$ 28,130 millones correspondieron al cobre. Para Castilla, la ventaja del país es estar en el eslabón donde hoy se concentra la escasez.
Sin embargo, el beneficio no será igual para todos. Los cargos negativos favorecen sobre todo las ventas spot, porque buena parte del concentrado se comercializa con referencias anuales, fijadas en cero para este año. Las ganancias dependerán de la mezcla de contratos de cada productor y de la referencia del 2027.
El análisis advierte que la diferenciación por origen también castiga con descuentos los riesgos de gobernanza, como ocurre con el oro artesanal y de pequeña escala, donde hay una brecha de 103 toneladas entre la producción formal y las exportaciones físicas. Aunque es un mercado distinto, ese efecto podría alcanzar al cobre si los compradores exigen lotes certificados.
Castilla señala que esta ventana de precios altos no será permanente. Si el superávit de refinado persiste, el reciclaje crece o China reduce su capacidad de fundición, los cargos podrían recuperarse y otros países competirían por ser proveedores confiables.
Para aprovechar el escenario, el autor propone contratos que reflejen la escasez de concentrado más allá de la referencia anual, fortalecer la trazabilidad empezando por certificar el cobre y formalizar el oro, y destrabar los proyectos mineros, cuyos permisos y licencia social definirán cuáles entran en producción mientras duren estas condiciones. A más largo plazo, plantea evaluar qué procesamiento puede desarrollar el país para capturar parte del valor que hoy se genera en el extranjero.
Castilla descarta que el Perú busque ser relevante en el refinado, dominado por China. También destaca el rol de las nuevas autoridades regionales, que asumirán funciones el 1 de enero del 2027, porque en sus territorios se define la licencia social y si los proyectos avanzan o se frenan.
Su ventaja realista está en producir más y en ser el proveedor de concentrado más confiable, y eso depende de lo que hagan el Estado y las empresas.
Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto
La duración de esta oportunidad depende de decisiones que el Perú puede tomar.
Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto