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Seguridad

LEGÍTIMA DEFENSA Fiscal deberá probar que no actuaste racionalmente

El Decreto Legislativo N.° 1743, publicado el 8 de noviembre en una edición extraordinaria de El Peruano, presume que quien ejerce la legítima defensa actuó de manera racional y traslada al Ministerio Público la tarea de probar lo contrario. Penalistas destacan el archivo temprano de investigaciones, pero advierten límites y riesgos.

Imagen referencial
Imagen referencial · Foto: Peter Bullard / Flickr

Quien use la fuerza, incluso letal, para defenderse de una agresión tiene desde ahora nuevas garantías legales en el Perú. Una modificación al Código Penal establece que se presume que esa persona actuó de manera racional, y será el Ministerio Público el que deba demostrar lo contrario.

El cambio llegó con el Decreto Legislativo N.° 1743, publicado el 8 de noviembre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La norma modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y cambia la forma en que se evalúa la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión.

El objetivo es evitar que los ciudadanos que reaccionan ante una situación de peligro terminen enfrentando investigaciones y procesos penales sin que se analicen adecuadamente las circunstancias de los hechos.

Con la presunción de racionalidad, ya no se le exige a quien se defendió que pruebe primero que su reacción fue racional. Esa carga pasa ahora a la Fiscalía.

Además, la norma excluye el criterio de proporcionalidad de medios. En su lugar, se deberán considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger. La evaluación se hará desde la perspectiva de quien se defiende y según las circunstancias del momento de la agresión.

La reforma también modifica el artículo 334 del Código Procesal Penal. En los casos en que se investigue una posible legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo y, si concurren conjuntamente los requisitos legales, declarar que no corresponde formalizar ni continuar la investigación preparatoria y ordenar el archivo.

Para el abogado penalista Julio Rodríguez, la modificación corrige una situación que dejaba en desventaja a quienes se defendían. Según explicó, antes estas personas eran procesadas y detenidas de inmediato.

Rodríguez consideró acertado que ahora sea el fiscal quien demuestre la falta de racionalidad. Como ejemplo, señaló que alguien podría usar un arma de fuego para repeler a un agresor que porta un cuchillo, y que esa diferencia de medios no implica, por sí sola, que haya actuado de forma irracional. También destacó que, cuando se cumplen las exigencias de la legítima defensa, corresponde archivar la investigación.

El penalista Carlos Caro Coria opinó que el archivo temprano podría ser uno de los cambios más importantes en la práctica, porque evitaría que quien se defendió afronte años de proceso penal. Sin embargo, advirtió que la presunción de racionalidad podría tener una eficacia limitada.

Caro Coria precisó que la reforma no elimina los demás requisitos de la legítima defensa. La presunción solo alcanza la racionalidad del medio empleado y no reemplaza la necesidad de una agresión actual, ilegítima y real, ni la exigencia de que no haya existido provocación suficiente.

Desde otra perspectiva, Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, advirtió que la presunción podría usarse para intentar justificar agresiones que no fueron verdaderos actos de defensa.

Correa explicó que la presunción puede desvirtuarse con pruebas que demuestren que la persona no se defendía, sino que inició la agresión o actuó con ensañamiento, venganza o crueldad excesiva. Entre esas pruebas mencionó videos, testimonios, documentos y pericias.

El abogado también consideró importante que se tome en cuenta el miedo y el estrés de quien enfrenta un peligro y debe reaccionar en segundos. No obstante, indicó que la aplicación de la norma exigirá un análisis riguroso de fiscales y jueces, en el que el contexto de la agresión y los testimonios serán clave para determinar si hubo legítima defensa o una conducta violenta injustificada.

Según Correa, los alcances de la modificación se irán precisando con las resoluciones judiciales y la jurisprudencia que surjan de su aplicación.

En la práctica, los ciudadanos estaban casi casi maniatados. No podían ejercer legítima defensa porque inmediatamente eran procesados, eran detenidos

Julio Rodríguez, abogado penalista

Eso no constituye delito, ipso facto tiene que archivarse en la investigación

Julio Rodríguez, abogado penalista

La presunción tendrá poca eficacia, porque el control judicial penal es ajeno a presunciones

Carlos Caro Coria, abogado penalista

Lo que sí puede cambiar la práctica es el archivo temprano, que ahorra años de proceso a quien se defendió

Carlos Caro Coria, abogado penalista

Existe el riesgo de que esta presunción abra paso a situaciones donde el uso de la fuerza letal intente camuflarse como una conducta respaldada por el Estado

Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra

Ante una situación de peligro, es común que una persona no pueda medir con precisión quirúrgica la fuerza empleada ni la inmediatez de su reacción

Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra