Un recorte hipotético del 24% en los beneficios del Seguro Social de Estados Unidos causaría pérdidas promedio superiores a US$500 mensuales en 28 estados. Así lo calcula un análisis del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), titulado No State Spared (“Ningún estado se salva”).
Las cifras no responden a un descuento aprobado ni modifican el próximo depósito. El estudio aplica ese porcentaje a datos de 2024 para mostrar el efecto de un problema de financiamiento aún sin resolver, no para fijar cuánto dejaría de recibir cada beneficiario.
Connecticut encabeza la clasificación, con una reducción promedio de US$556 al mes. Le siguen Nueva Jersey, con US$554, y Nuevo Hampshire, con US$553. En los tres casos, la pérdida anual supera los US$6,600.
El Distrito de Columbia también pasa ese umbral, con US$506 mensuales, que equivalen a US$6,072 al año. Sin embargo, no entra en el conteo porque no tiene condición de estado. No debe confundirse con el estado de Washington, que ocupa el sexto lugar.
El resumen del documento menciona “29 estados”, pero su desglose identifica 28 estados más la capital federal, lo que explica la diferencia.
La preocupación de fondo está en las reservas del fondo del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, conocido como OASI por sus siglas en inglés. Según el análisis del CRFB sobre el informe de los fideicomisarios de 2026, esos recursos podrían agotarse en 2032. Esa proyección contempla una reducción aproximada del 22%, distinta del 24% usado en la comparación entre estados.
El OASI paga las prestaciones con sus ingresos y reservas. Cuando estas se terminen, lo recaudado no alcanzaría para cubrir todos los pagos programados. Eso no implica que el sistema desaparezca ni que los depósitos lleguen a cero: seguiría entrando dinero, principalmente por los impuestos sobre la nómina, aunque se necesitarían cambios para sostener la totalidad de los beneficios.
Quedar fuera de la lista no significa estar a salvo. En California, Florida y Texas, las pérdidas promedio serían menores a US$500, aunque cercanas a esa cifra. La simulación plantea un ajuste general, no dirigido a comunidades específicas.
Como se aplica una misma tasa a beneficios promedio distintos, la pérdida en dólares es mayor donde las prestaciones son más altas. Por ello, la clasificación no debe leerse como una propuesta de descuentos diferenciados según el lugar de residencia.
El estudio también distingue el efecto individual del impacto económico total. En Mississippi, la pérdida promedio sería de US$459 mensuales, pero el impacto agregado equivaldría al 1.8% de su producto interno bruto, una de las proporciones más altas del análisis.
Para un jubilado que depende de ese ingreso, una reducción así podría obligarlo a reorganizar gastos básicos como el alquiler, la comida, las medicinas o la luz. El valor del ejercicio, según la nota, está en mostrar la magnitud del riesgo para los hogares más que en anticipar un monto exacto.
