Margiori Mejia Alva, de 28 años, se perfila como la próxima alcaldesa de San Juan de Lurigancho (SJL) para el periodo 2027-2030. Sería la primera mujer en ocupar ese cargo en el distrito.
El escenario cambió luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableciera que las autoridades municipales que buscaron seguir en sus cargos postulando como primeros regidores no podrán recibir credenciales para una nueva gestión.
La decisión afecta a Jesús Maldonado, actual alcalde de SJL, quien participó bajo esa modalidad en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Con ello, Mejia Alva, quien figura como la siguiente integrante habilitada de la lista ganadora, quedaría al frente del municipio durante los próximos cuatro años.
Según explicó Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, el criterio se basa en la prohibición de la reelección inmediata de autoridades municipales. Los alcaldes elegidos en 2022 que luego postularon en 2026 como primeros regidores no recibirán las credenciales del periodo 2027-2030.
El organismo electoral precisó que ocupar el primer lugar entre los regidores de una lista no autoriza a asumir nuevamente la alcaldía. Tampoco podrán llegar al cargo por sucesión si el alcalde electo es suspendido o vacado durante la próxima gestión.
Clavijo agregó que la restricción se mantendrá durante todo el periodo municipal. Por ello, quienes estén en este supuesto tampoco podrán postular en las elecciones de 2030 si asumen la alcaldía mediante una eventual sucesión.
El caso de SJL forma parte de una revisión más amplia. El 29 de octubre, el pleno del JNE acordó examinar de oficio las proclamaciones emitidas por los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE), tanto en sus cifras como en los criterios usados para definir a las autoridades electas, con el fin de mantener criterios uniformes.
De acuerdo con Clavijo, en una primera resolución se revisaron 427 proclamaciones y se hallaron seis casos en los que correspondía modificar lo resuelto por los JEE: los distritos de Marca (Áncash), San Jerónimo de Tunán (Junín), La Esperanza y Víctor Larco Herrera (La Libertad) y Zapatero (San Martín), además de la provincia de Condorcanqui (Amazonas). En esos lugares, los segundos regidores habilitados serán proclamados alcaldes.
La funcionaria indicó que los pronunciamientos de los JEE pueden apelarse, pero las decisiones del pleno del JNE son la última instancia electoral y no admiten una nueva apelación.
La situación ya había sido advertida durante el proceso electoral. En agosto se identificaron más de 60 alcaldes elegidos en 2022 que buscaron mantenerse en sus municipios como candidatos a primer regidor. Al menos 20 de esas listas ganaron o encabezaron los resultados en sus jurisdicciones. Con el nuevo criterio, el JNE busca impedir que se eluda la prohibición constitucional de reelección inmediata.
Sobre el perfil de Mejia Alva, su cuenta de LinkedIn muestra experiencia principalmente en los sectores financiero, administrativo y de atención al cliente, y no en la administración pública municipal. Desde octubre de 2023 trabaja como asistente de servicios transaccionales en Mibanco, donde registra documentación de potenciales clientes, gestiona expedientes crediticios, abre cuentas y realiza operaciones de caja, transferencias, cambio de divisas, pagos de servicios y control de efectivo, incluida la detección de billetes o monedas falsos.
Entre enero y mayo de 2020 fue asistente de operaciones en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde apoyó el seguimiento de procesos administrativos, la elaboración de informes de valorización y el control de recursos. En 2017 trabajó en Atento Perú atendiendo reclamos y consultas de asegurados de EPS, y antes fue auxiliar en la institución educativa CELIM. Entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 laboró en McDonald’s en atención al público, caja y cocina.
Según su perfil, estudió Administración en la UTP entre enero de 2015 y diciembre de 2022, y figura con el grado de bachiller.
De asumir el cargo, la futura alcaldesa enfrentaría el reto de dirigir uno de los distritos más poblados y complejos de Lima Metropolitana con limitada experiencia política. SJL afronta problemas de robos, extorsiones, sicariato y violencia en espacios públicos, además de dificultades de acceso al agua potable y al alcantarillado en sus zonas altas, donde la expansión urbana no siempre ha tenido una planificación adecuada.
