Un total de 1,380 distritos de 191 provincias del país están en estado de emergencia por peligro inminente ante las intensas precipitaciones vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Así lo establece el Decreto Supremo N° 149-2026-PCM.
La declaratoria tiene una vigencia de 60 días calendario. Al tratarse de un peligro inminente, no significa necesariamente que en esos distritos ya se haya registrado un desastre. Lo que existe es un escenario de muy alto riesgo identificado por los organismos técnicos.
La medida corresponde al nivel de emergencia 4. Este nivel supone que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales ha sido superada y que hace falta la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.
El objetivo es permitir que se ejecuten de inmediato acciones de prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación, para disminuir los posibles impactos de las lluvias.
El estado de emergencia no suspende ni restringe los derechos constitucionales de la población. A diferencia de las declaratorias por orden interno o seguridad ciudadana, esta se sustenta en la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Por ello, sus efectos son técnicos, operativos y administrativos.
Según el decreto, los gobiernos regionales y las municipalidades deben ejecutar directamente las acciones inmediatas y necesarias para reducir el riesgo, además de las medidas de respuesta y rehabilitación que correspondan.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se encargará de la coordinación técnica y del seguimiento de las medidas. También deberá enviar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informes sobre los avances y resultados de las intervenciones.
La norma dispone, además, la participación de los ministerios en el ámbito de sus competencias.
Las acciones se financiarán con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Así, gobiernos locales, regionales y ministerios deberán ejecutar las intervenciones con los recursos que ya tienen asignados.
