Una jueza federal de Argentina aceptó tramitar una demanda colectiva contra empresas pesqueras que operan en las islas Malvinas, entre ellas compañías de capitales españoles. Las firmas son acusadas de realizar presuntas actividades ilegales en aguas cuya soberanía reclama el país sudamericano.
La magistrada Mariel Borruto, del juzgado federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, se declaró competente para conocer el caso. Así lo confirmaron a la agencia EFE fuentes vinculadas a la demanda.
La acción fue presentada el 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, una organización ambientalista que cuestiona la pesca que se realiza en el archipiélago sin autorización de Argentina.
La fundación pide que las empresas paguen una indemnización de entre US$ 12,351 millones y US$ 26,465 millones. Según la organización, esa cifra equivale a 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros capturados entre 1989 y 2025.
La denuncia comprende a pesqueras de capitales españoles, a empresas que operan con bandera de las islas Falkland —nombre británico de las Malvinas— y a firmas argentinas que, de acuerdo con la fundación, tendrían vínculos económicos con las compañías españolas.
La organización sostiene que estas actividades dañan el medio ambiente, afectan la sostenibilidad de las especies y perjudican la soberanía política, económica y alimentaria de Argentina.
El caso se da en un contexto en el que la pesca es clave para el archipiélago. Según cifras oficiales del gobierno isleño, la actividad representa el 58% de su producto bruto interno (PBI) y es su principal motor económico desde hace tres décadas.
La industria empezó a desarrollarse en 1986, cuando se fijaron zonas y un régimen de explotación pesquera. Ese esquema permitió elevar los ingresos del gobierno local y alcanzar la autosuficiencia económica.
En 2025, las autoridades de las islas otorgaron 201 licencias anuales de pesca. Taiwán concentró la mayor cantidad (77), seguida por las Malvinas (60), España (31) y Corea del Sur (30).
Las capturas se reparten mediante un sistema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés). Este asigna porcentajes de extracción a empresas conjuntas (joint ventures) en las que el capital isleño debe ser de al menos el 51%.
El último esquema de asignación, llamado ITQ-B, rige desde inicios de 2023 y durará 25 años. El mecanismo beneficia a una decena de empresas constituidas en las islas.