La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó una propuesta para ordenar el acceso de las estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a las redes de distribución de energía. La medida plantea rutas de evaluación, plazos de respuesta y herramientas digitales para tramitar estas solicitudes.
La iniciativa figura en el proyecto de resolución 701 153 de 2026. El documento está en consulta pública durante 15 días hábiles, que se cuentan desde el día siguiente a su publicación en la web de la entidad. En ese lapso, empresas, usuarios, autoridades y otros interesados pueden enviar observaciones antes de una decisión final.
La norma abarca tanto las conexiones nuevas como los pedidos para ampliar la capacidad de instalaciones que ya existen. Para estos trámites, los operadores de red deberán contar con plataformas digitales donde se puedan entregar documentos, consultar información y seguir cada solicitud.
El eje del proyecto es clasificar las solicitudes según la potencia máxima que la infraestructura necesita tomar de la red en el punto de conexión. La referencia es de 100 kilovatios (kW), aunque las condiciones técnicas de cada caso también definirán la ruta.
El procedimiento tipo 1 se aplicará cuando la potencia sea igual o menor a 100 kW y la conexión no requiera un estudio simplificado adicional. En ese caso, el operador evaluará el pedido sin exigir dicho análisis.
El procedimiento tipo 2 será para los proyectos que superen los 100 kW o que, por sus características técnicas, necesiten un estudio de conexión aunque estén por debajo de ese límite. El solicitante tendrá un máximo de cinco meses para preparar y presentar ese estudio.
Los plazos se reparten por etapas. La revisión inicial deberá terminar en dos días hábiles. Si faltan documentos, el interesado tendrá cinco días hábiles para completarlos y el operador, otros dos días para revisar las correcciones.
En el tipo 1, la evaluación técnica durará cinco días hábiles. Si se piden aclaraciones, el solicitante tendrá cinco días para responder y el operador, tres días más para revisar.
En el tipo 2, el operador deberá entregar la información técnica en cinco días hábiles. Luego, la evaluación del estudio de conexión tendrá un límite de 20 días hábiles. Si se requieren aclaraciones, el interesado contará con diez días para responder y el operador, con cinco días hábiles para cerrar la revisión. El tiempo que tome el solicitante en responder suspenderá el conteo del plazo.
La propuesta también obliga a los operadores a publicar información actualizada y accesible sobre requisitos, formatos, niveles de tensión disponibles, criterios para asignar cada procedimiento y pautas para elaborar los estudios de conexión. Además, deberán difundir datos referenciales sobre la capacidad que podría atender la red en distintos lugares.
Sin embargo, consultar esos datos no asegurará la disponibilidad de energía ni reservará espacio para un proyecto. La viabilidad dependerá de la evaluación técnica y de las condiciones de cada punto solicitado.
Los trámites se harían mediante sistemas de información para proyectos de clase 2, adaptados a las estaciones públicas de carga. Estas plataformas deberán permitir la radicación en línea, el envío de archivos, la recepción de notificaciones y la consulta del estado de cada proceso, incluidas las decisiones tomadas.
El proyecto busca, además, que los operadores no pidan una y otra vez documentos que ya están en el expediente, salvo que el proyecto cambie o haya motivo para actualizarlos. Si no se puede asignar la capacidad solicitada, deberán explicar las razones técnicas y proponer alternativas cuando existan opciones viables.
La aplicación de las nuevas reglas requerirá una etapa de preparación. Los operadores tendrán 90 días hábiles para adecuar sus sistemas y herramientas, contados desde la publicación de la circular de la Creg con los criterios técnicos. Mientras tanto, las solicitudes seguirán bajo las normas vigentes.
