La Defensoría del Pueblo identificó ocho nuevos conflictos sociales a nivel nacional en septiembre. Así lo indica su Reporte de Conflictos Sociales 271, que contabiliza 193 casos en todo el país.
Del total, 144 conflictos siguen activos y 49 figuran como latentes, según el informe.
Cajamarca reportó dos de los casos nuevos. En Jaén, la población exigió a Electro Oriente que garantice la continuidad y la calidad del servicio eléctrico ante los constantes cortes e interrupciones. En la provincia de San Ignacio, rondas campesinas y organizaciones sociales rechazaron las actividades de exploración minera en el sector Huaquillas.
Lima Metropolitana también sumó dos conflictos nuevos: uno relacionado con la toma de la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y otro con el desalojo de más de 400 familias en Carabayllo.
En Áncash surgió una protesta por el corte de agua programado por el Proyecto Especial Chinecas. En San Martín, la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y el centro poblado Unión Corontoyacu mantienen una controversia por límites territoriales. En Tacna, la comunidad campesina de Maure reiteró su rechazo al traslado de nuevos internos al penal de Challapalca.
El octavo caso tiene alcance multirregional. Se refiere al pedido de ampliar el Plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuyo plazo vence en diciembre próximo.
De los 144 conflictos activos al cierre de septiembre, 59 continúan en proceso de diálogo con participación de la Defensoría. Además, 50 están en fase de desescalamiento y 38 en fase de acuerdos.
Por distribución territorial, Puno sigue a la cabeza entre los conflictos que se desarrollan en un solo departamento, con 20 casos. Le siguen Loreto (18), Áncash (17), Piura (14) y Cusco (13).
Según su tipo, los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 91 casos. De estos, el 65.9 % está vinculado a la actividad minera.
En su labor de mediación, la Defensoría condujo doce procesos en ocho departamentos durante el último mes y sigue 24 acuerdos en 15 regiones. Entre ellos destaca el caso de la Asociación de Vivienda Miramar I y II y la Municipalidad Provincial de Camaná, donde se verificó el cumplimiento de todos los acuerdos del acta.
La entidad también convocó y lideró 51 espacios de coordinación interinstitucional para prevenir y dar seguimiento a los conflictos. En ellos, las instituciones informaron sobre sus actuaciones y se hizo un seguimiento conjunto de las alertas.
En septiembre se registraron 151 acciones colectivas de protesta, principalmente plantones y concentraciones, y la Defensoría registró 63 alertas defensoriales.
Al cierre del reporte, la institución emitió ocho alertas de atención prioritaria por los nuevos conflictos. Según la Defensoría, conocerlos con anticipación puede permitir que se manejen de forma pacífica.
