La Justicia de la provincia de Santa Fe, en Argentina, condenó a los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti por cobrar dinero a cambio de emitir formularios de verificación vehicular sin seguir el procedimiento establecido. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.
Los dos policías recibieron tres años de prisión de ejecución condicional y quedaron inhabilitados de por vida para ejercer funciones policiales. El juez Leandro Lazzarini dictó las condenas en un juicio de procedimientos abreviados realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Las sentencias también fijaron multas. González, de 54 años, deberá pagar $11.520.000, mientras que Vignatti, de 36, tendrá que abonar $8.000.000. Además, ambos no podrán portar ni poseer armas de fuego durante tres años y tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros o contactar a testigos y a otros imputados del expediente.
Los agentes fueron considerados autores de cohecho pasivo, delito que sanciona al funcionario público que recibe dinero u otros beneficios para hacer u omitir actos propios de su cargo.
De acuerdo con el portal del Ministerio Público de Santa Fe, la investigación se centró en presuntos pagos para obtener formularios 12. Estos documentos del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) certifican la verificación física de un vehículo y son obligatorios para trámites como transferencias de dominio y el patentamiento de unidades nuevas. Su emisión requiere una revisión por parte de personal habilitado.
Según la acusación, los policías elaboraban, sellaban o firmaban esos formularios sin inspeccionar los vehículos. El fiscal Ezequiel Hernández, a cargo del caso, sostuvo que una gestora entregaba dinero a los agentes para conseguir los documentos fuera del circuito regular.
El fiscal detalló que, en algunos casos, los formularios ya estaban llenos cuando llegaban a manos de los agentes. En otros, los efectivos los entregaban firmados pero en blanco, lo que permitía usarlos después sin que nadie constatara directamente el vehículo.
Los pagos se habrían realizado de dos formas: una parte en efectivo durante encuentros personales y otra mediante transferencias bancarias.
Hernández señaló que estas conductas se habrían desarrollado de forma sostenida dentro de la planta de verificación vehicular de Esperanza. El período investigado abarca desde, al menos, enero de 2020 hasta septiembre de este año.
Antes de estas sentencias, la causa ya había dejado una condena contra el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, de 35 años, quien recibió tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer como policía y una multa de $17.260.000.
Con las nuevas resoluciones, ya son tres los funcionarios policiales condenados en la investigación. Un cuarto integrante de la fuerza permanece en prisión preventiva y una gestora fue imputada por su presunta participación en las maniobras.
Los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo estipulado y sin que los verificadores inspeccionaran por sí mismos los vehículos
Ezequiel Hernández, fiscal de la causa
