Wilber Garcés, el migrante venezolano que fue herido de bala en la espalda por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, fue operado para extraerle el proyectil luego de permanecer once días detenido con el disparo en el cuerpo. Así lo informó este viernes el congresista estadounidense Greg Casar, quien precisó que la intervención se realizó un día antes.
Casar se pronunció a través de su cuenta en X. Allí criticó la demora en la atención médica y la atribuyó a la actuación del ICE, aunque destacó que la presión ejercida permitió que Garcés recibiera el cuidado que necesitaba.
Garcés, de 28 años, trabajaba como repartidor de comida a domicilio en Austin, Texas, cuando fue abordado por agentes del ICE el 20 de septiembre. Según documentos judiciales citados por un investigador del Gobierno, los agentes lo siguieron en dos camionetas negras durante una persecución corta, tras la cual uno de ellos le disparó.
El agente que realizó el disparo no portaba una cámara corporal, un requisito de la agencia. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre los minutos previos al disparo ni sobre los motivos por los que el agente usó su arma de fuego.
Tras el hecho, Garcés fue llevado a un hospital local, donde lo dieron de alta a las pocas horas y lo entregaron a las autoridades con la bala todavía en su cuerpo.
Desde entonces permanece detenido. Primero estuvo en un centro de detención para migrantes en el sur de Texas y ahora se encuentra bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU., según un comunicado de la organización Texas Civil Rights Project, que participa en su defensa legal.
La operación se realizó dos días después de que el Gobierno estadounidense presentara cargos contra Garcés por presunta agresión a un agente federal y resistencia al arresto durante el incidente del 20 de septiembre. En una audiencia inicial realizada el miércoles, a la que asistió el venezolano, un juez federal ordenó su paso a detención penal sin fianza.
La defensa cuestionó el proceder del Gobierno. Sostuvo que, como el agente que disparó no tenía cámara y el otro agente la apagó en algún momento del incidente, no existe un "registro completo sobre cómo este encuentro terminó en un tiroteo".
En el mismo comunicado, la organización calificó el caso como un problema de seguridad pública y afirmó que nadie debería temer que un encuentro con agentes de inmigración termine en violencia.
Garcés llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante CBP One, una aplicación que el Gobierno de Joe Biden usó para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur. Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, el venezolano pidió asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia en una audiencia a la que no acudió.
De acuerdo con una investigación de la organización independiente Project For Government Oversight, durante el año fiscal 2025 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a fiscales federales 274 casos con posibles cargos por agresión, resistencia o interferencia con agentes federales. Es la cifra más alta desde la creación del departamento y casi duplica el máximo anterior, registrado en 2019.
Esto tardó demasiado y es aún más prueba de la crueldad de ICE, pero mantuvimos la presión y Wilber consiguió el cuidado que necesitaba.
Greg Casar, congresista de Estados Unidos
Esto es un problema de seguridad pública. Los agentes federales no pueden actuar como jueces, jurados y verdugos en nuestras calles.
Comunicado de Texas Civil Rights Project
Nadie en nuestras comunidades debería tener que preguntarse si un encuentro con agentes encargados de aplicar las leyes civiles de inmigración terminará en violencia.
Comunicado de Texas Civil Rights Project
