La Fiscalía allanó cerca de las 5:30 a. m. de este viernes la sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en San Isidro. Representantes del Ministerio Público ingresaron al local, mientras la Policía resguardaba los exteriores.
Por disposición judicial, el operativo de allanamiento y descerraje también alcanzó las sedes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
De acuerdo con la Policía, la intervención busca desarticular a una presunta organización criminal llamada 'Los Herméticos del Caudal'. El caso se investiga por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que esta presunta red habría realizado acciones para mantener la exclusividad en el mercado de transporte de valores, a través de presuntos actos irregulares vinculados a funcionarios de entidades públicas, en particular de la SBS y la Sucamec.
Días atrás, un reporte periodístico que citaba a un testigo protegido dio cuenta de una presunta concertación entre empresas de transporte de caudales para impedir la apertura del mercado y conservar el control del servicio.
Según la Policía, el allanamiento comprende en total 15 inmuebles, que se distribuyen en 8 inmuebles particulares, 12 edificios vinculados a la SBS, un edificio de la Sucamec y otros 4 inmuebles vinculados a empresas y asociaciones privadas del sector de transporte de valores.
En la diligencia participaron la Dirección contra la Corrupción de la Policía, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. La fiscal a cargo es Julia Agustina Vela.
Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS, afirmó que la entidad entregó toda la información que la Fiscalía le pidió hace varios meses y que ahora también entrega lo que se le solicita. Precisó que los investigados son dos funcionarios, que cuentan con su propia defensa legal, la cual la SBS cubre de acuerdo a ley.
En un comunicado, la SBS indicó que el jueves 19 de noviembre supo que dos de sus funcionarios fueron incluidos en la investigación. Sostuvo que no tenía pendiente enviar información al Ministerio Público y consideró desproporcionada la orden de allanamiento de su sede principal. Además, rechazó la filtración de información reservada del caso.
Joseph Campos, abogado de los funcionarios de la SBS investigados, cuestionó la diligencia antes de ingresar a la sede. Señaló que dos días antes la Fiscalía de la Nación archivó una denuncia contra la Unidad de Inteligencia Financiera y afirmó que los funcionarios hicieron lo que les correspondía.
Por su parte, la Sucamec informó que la investigación está relacionada con hechos que habrían ocurrido entre 2014 y 2024, y aseguró que su actual gestión colabora plenamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
La empresa Prosegur Cash rechazó, mediante un comunicado, los señalamientos difundidos en medios sobre su actuación ante la Fiscalía y negó cualquier vínculo con prácticas de concertación, restricciones a la competencia o actos de corrupción. Afirmó que cumple la legislación peruana, que cuenta con programas de cumplimiento normativo, anticorrupción y de libre competencia, y que está dispuesta a colaborar con las autoridades siempre que se respeten el debido proceso, la proporcionalidad y la razonabilidad.
Hermes Transportes Blindados también rechazó las acusaciones, a las que calificó de carentes de fundamento jurídico, y consideró injustificadas las medidas. Cuestionó que se haya intervenido el domicilio de algunos de sus representantes por una investigación que, según indicó, se habría desarrollado durante 10 meses sin su conocimiento. La empresa aseguró que seguirá colaborando con las autoridades y que sus operaciones en todo el país continúan con normalidad.
De hecho, ahora estamos entregando toda la información que nos están solicitando, en el marco de un espíritu de colaboración, como siempre ocurre con la Superintendencia
Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS
Nosotros estamos convencidos de que la Superintendencia y nuestros funcionarios han actuado siempre con responsabilidad y sin cometer ningún hecho ilícito, pero como somos respetuosos de las instituciones y de las leyes, vamos a entregar la información que la Fiscalía nos está requiriendo
Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS
Asimismo, y sin que esta Superintendencia tenga pendiente remitir información alguna a dicha entidad, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento de su sede principal, medida que estimamos desproporcionada.
Comunicado de la SBS
Nos han notificado de una negociación incompatible con unos hechos que no corresponden ni justifican una intervención de esta manera
Joseph Campos, abogado de los funcionarios de la SBS investigados
Lo que resulta extraño es que el día anteayer una denuncia contra la Unidad de Inteligencia Financiera fue expresamente archivada por la Fiscalía de la Nación. Coincidencias, esperemos que sea así, porque simplemente hemos quedado sorprendidos de la innecesidad de esta intervención
Joseph Campos, abogado de los funcionarios de la SBS investigados

