El Gobierno lanzó dos medidas financieras para cuidar la liquidez de las micro y pequeñas empresas (MYPE) que operan en departamentos con zonas declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño. Por medio del Fondo CRECER y del programa IMPULSO MYPERU, estos negocios podrán acceder a nuevos créditos con garantía del Estado y a más tiempo para pagar sus deudas vigentes.
Las disposiciones figuran en las resoluciones ministeriales N.° 526-2026-EF/15 y N.° 525-2026-EF/15, publicadas en el diario oficial El Peruano en el marco del Decreto de Urgencia N.° 015-2026. Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE), buscan que las empresas enfrenten las dificultades económicas ligadas al fenómeno climático, sigan operando y protejan su continuidad productiva. Los sectores agropecuario, pesquero y acuícola tendrán condiciones especiales.
Con el Fondo CRECER, el Estado otorgará garantías de hasta S/ 2 000 millones para respaldar créditos nuevos y reprogramados en moneda nacional. Cada MYPE podrá obtener préstamos de hasta S/ 300 000, con un plazo de hasta 36 meses que incluye hasta seis meses en los que solo se pagan intereses.
La garantía estatal cubrirá hasta el 90 % del préstamo, según el monto. En el caso de las MYPE agropecuarias, pesqueras y acuícolas, la cobertura podrá llegar al 95 % y el periodo de pago solo de intereses podrá extenderse hasta 12 meses, dentro del mismo plazo total de 36 meses. El beneficio alcanza también a empresas que prestan servicios al agro, la ganadería o la pesca, y a las dedicadas a la postcosecha.
Para acceder, las MYPE deben estar ubicadas en departamentos con zonas en emergencia y tener calificación Normal o Con Problemas Potenciales (CPP) en la SBS, con no más de 30 días de atraso. La evaluación tomará como referencia el 31 de agosto de 2026, o el 31 de julio de 2026 para las pesqueras y acuícolas. Las empresas sin historial crediticio también podrán ser evaluadas.
PRODUCE precisó que la garantía respalda a la entidad financiera, pero la empresa sigue obligada a pagar el total del préstamo. Además, solo participarán las entidades que obtengan garantías en las subastas de COFIDE, donde se toma en cuenta el costo del crédito que ofrecen a las MYPE.
La segunda medida permite a las MYPE con créditos vigentes de IMPULSO MYPERU reprogramar sus deudas por única vez, con hasta nueve meses adicionales de plazo. De ese periodo, hasta tres meses podrán destinarse a pagar solo intereses y comisiones. Así, el crédito podrá llegar a un plazo total de 81 meses desde su otorgamiento, con la misma tasa de interés o una menor.
La reprogramación no hará perder el Bono al Buen Pagador si la empresa cumple puntualmente su nuevo cronograma. Sin embargo, quienes ya habían perdido ese beneficio no podrán recuperarlo.
Para las MYPE agropecuarias, pesqueras y acuícolas, así como las que brindan servicios al agro, la ganadería o la pesca y las de postcosecha, la ampliación podrá ser de hasta 12 meses, con hasta tres meses pagando solo intereses y comisiones. En estos casos, el plazo total podrá alcanzar los 84 meses.
Para pedir la reprogramación, la empresa deberá presentar una declaración jurada, física o digital, que indique dónde está su negocio, sin necesidad de demostrar pérdidas. La entidad financiera evaluará su capacidad de pago y decidirá si aprueba la solicitud.
En ambos casos, las MYPE deben acudir al banco, caja, financiera o cooperativa para consultar condiciones y presentar su solicitud. Para el Fondo CRECER, primero deben verificar que la entidad participe en el programa; para IMPULSO MYPERU, deben ir a la institución que les dio el crédito.
Las entidades evaluarán cada pedido y deberán informar las condiciones económicas antes de su aceptación. PRODUCE recomienda comparar la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) entre las entidades del Fondo CRECER. En las reprogramaciones de IMPULSO MYPERU, aconseja pedir el costo total de la operación, incluidos los intereses del periodo de gracia y la comisión, que puede asumir la entidad o trasladarse al cliente.
Las operaciones de crédito y reprogramación deberán quedar aprobadas y firmadas, como máximo, el 30 de abril de 2027. Según el Gobierno, el objetivo es que más negocios mantengan su liquidez, sigan produciendo y enfrenten en mejores condiciones los efectos de El Niño.

