El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento nacional de combustibles por un periodo de hasta ocho meses, debido a los riesgos que plantea el fenómeno El Niño.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 490-2026-MINEM/DM, emitida el 13 de noviembre y publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
El régimen excepcional alcanza de manera integral a toda la cadena del subsector en el territorio nacional. Incluye las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, tanto de combustibles líquidos como de gas licuado de petróleo (GLP).
Como fundamento, el Poder Ejecutivo invocó un alto riesgo estructural y sistémico generado por eventos climáticos anómalos derivados de El Niño. Las autoridades del sector tomaron en cuenta reportes técnicos de organismos especializados emitidos el 30 de octubre, que advirtieron sobre lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos capaces de afectar la infraestructura de hidrocarburos y las rutas de transporte.
La resolución cita un informe de la Dirección General de Hidrocarburos según el cual el 67% de la matriz energética del país depende del suministro de hidrocarburos. El documento señala además que no existe capacidad instalada para reemplazar de inmediato esos insumos.
El análisis técnico también indica que el 84,3% del diésel se destina al transporte y que el diésel B5 representa el 62,9% de las importaciones de productos refinados.
La norma encarga al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aplicar disposiciones técnicas de carácter transitorio. El regulador queda facultado para aprobar excepciones temporales al cumplimiento de los reglamentos vigentes de comercialización y seguridad del subsector.
Con esta intervención, el Estado busca asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales y el traslado de insumos en el mercado interno. La disposición apunta, además, a prevenir sobrecostos en el transporte y presiones inflacionarias que puedan afectar el equilibrio económico del país durante la alerta climática.