La caída del presidente de Paraguay, Santiago Peña, se originó en un informe del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre la insolvencia del Ueno Bank, entidad cuyos accionistas fueron socios del mandatario hasta marzo del 2025. Así lo expone una columna de opinión publicada en el diario El Comercio.
Según el texto, el Ueno era una financiera menor que obtuvo la categoría de banco durante la gestión de Peña, iniciada en el 2023. El mandatario designó como presidente del BCP, la entidad que debía supervisarlo, a Carlos Carvallo, antiguo CEO del Ueno. La esposa de Carvallo continuó como consultora del banco.
La columna sostiene que el gobierno depositó fondos públicos en el Ueno y que, desde allí, el dinero se desvió a compañías allegadas. A juicio del autor, Peña terminó 'comprometido hasta el pescuezo'. El gobierno intentó ocultar la situación del banco hasta que el BCP lo intervino. El Ministerio Público investiga ahora un esquema de venta de créditos incobrables a empresas del mismo grupo.
El 4 de julio, el alto funcionario del BCP Francisco Rivarola, exsupervisor de la Superintendencia de Bancos (SIB), envió un informe al entonces titular de la SIB, Holger Insfrán. En él advertía irregularidades en operaciones de venta de cartera y en la inyección indirecta de fondos al Ueno. El documento se dio por no recibido y se mantuvo en reserva.
Dos de sus 25 páginas, la primera y la última, llegaron al diario paraguayo 'ABC Color', que las publicó en portada el 7 de octubre tras confirmar su autenticidad con fuentes que conocían el texto completo. Un mes antes, el Senado había enviado al BCP un pliego de preguntas basado en ese informe.
Los senadores buscaban confirmar si el Ueno prestaba a empresas por encima de los límites legales y si estaban en riesgo US$850 millones en depósitos públicos, una parte de ellos del Fondo de Previsión Social. Ante la cercanía del escándalo, el BCP atravesó una crisis interna.
La columna destaca el trabajo de la periodista Mabel Rehnfeldt, de 'ABC Color', quien anticipó las irregularidades del Ueno, en especial los favores a empresas amigas. Peña insinuó en público que periodistas de ese diario tenían vínculos con el crimen organizado. Además, el diputado oficialista Alejandro Aguilera promovió una ley que castigaba con hasta diez años de cárcel la difusión de informaciones que pudieran considerarse terrorismo financiero.
Peña, de 47 años, es economista. Estudió en Paraguay, hizo una maestría en administración en la Universidad de Columbia y fue funcionario del BCP, analista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes, su mentor. En el 2025 declaró una fortuna de US$3,4 millones. No tenía denuncias previas, gozaba de alta popularidad y contaba con mayoría en ambas cámaras.
El autor considera que su formación como tecnócrata de las finanzas podría tomarse como agravante y que detrás del manejo del sistema financiero, 'probablemente con beneficio propio', había una 'presunción de impunidad'. Según la columna, los conflictos de intereses fueron tan visibles que hasta sus cercanos se alejaron: Cartes emitió un pronunciamiento indignado y Aguilera pidió juicio político.
El texto recuerda que, en octubre del 2025, Rehnfeldt y el reportero Juan Daniel Jara ya habían revelado detalles del modus operandi de Peña. El columnista afirma seguir a Rehnfeldt desde el 2003, cuando destapó contratos irregulares de la petrolera estatal Petropar.
Los periodistas reportaron hallazgos y pérdidas inexplicables de cientos de miles de dólares de procedencia desconocida en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, cuyo nombre en guaraní significa 'Casa del Líder'. Un primer reportaje recogió el testimonio de Luz Candado, encargada de las labores domésticas durante 11 meses, hasta que Peña la despidió en julio del 2025.
A Candado y a su familia se les investigó de manera informal por el presunto robo de una suma indeterminada que habría desaparecido del vestidor del mandatario. La denuncia no llegó al Ministerio Público. Personal militar sometió a Candado y a su esposo a una prueba de polígrafo, cuyos resultados oficiales no se conocen. Antes, ella había devuelto a Peña US$200.000 que el personal doméstico encontró en la casa en octubre del 2024 y febrero del 2025.
Peña hizo comentarios imprecisos sobre el supuesto robo y la devolución, y los indicios de dinero negro en la vivienda presidencial no se aclararon. Otros reportajes revelaron reuniones frecuentes del mandatario en la residencia con grandes proveedores del Estado, como Miguel Cardona, principal ganador de licitaciones del programa 'Hambre Cero en las Escuelas', y Miguel Vásquez, presidente del grupo propietario del Ueno Bank.
Esos encuentros no figuraban en la agenda oficial y se conocieron gracias a Candado. El columnista sostiene que es posible vincular esas visitas con los beneficios que obtuvieron los interlocutores, aunque advierte que aún no se conoce el alcance de las investigaciones. Mientras tanto, según el texto, el aparato de ataque y desinformación que el gobierno había montado contra sus críticos permanece en silencio.
Peña terminó comprometido hasta el pescuezo.
Columna de opinión publicada en El Comercio
Es inevitable pensar que detrás del manejo tan desprolijo del sistema financiero, probablemente con beneficio propio, había la presunción de que nada podría tocarlo. Una presunción de impunidad.
Columna de opinión publicada en El Comercio
