Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú (JP) y cuñada del expresidente Pedro Castillo, pidió al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) que le entreguen con carácter de “urgente” toda la documentación sobre la detención de Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022. Entre lo solicitado figura la lista de policías que intervinieron en la captura.
El pedido consta en el Oficio N.° 106-2026/2027-YNPN-CR, que la parlamentaria remitió el 30 de octubre al despacho del ministro del Interior, César Astudillo. En el documento solicita un informe detallado sobre nueve documentos vinculados a la detención del expresidente vacado, a quien Castillo llamaba “hija”.
En concreto, Paredes pidió el plan de operaciones que ejecutó la Sub-Unidad de Acciones Tácticas (SOAT) de la PNP aquel 7 de diciembre, una copia fedateada de la orden de captura y el acta de la intervención policial, “identificando a la(s) autoridad(es) responsables y a los ejecutores de la intervención, e incluyendo el informe sobre el origen y descripción del armamento utilizado”.
Además, requirió copias fedateadas de las órdenes de internamiento en el penal y de traslado por vía aérea, con la identificación de las autoridades responsables y de quienes las ejecutaron. También pidió conocer qué unidades policiales participaron en la detención y la relación de agentes de la PNP involucrados.
El mismo 30 de octubre, el Mininter derivó el requerimiento al comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, para su evaluación. En el Oficio 003375-2026-IN-SG-PCR, el ministerio le pide disponer que se evalúe lo solicitado y se emita un informe documentado en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Castillo cumple una condena de más de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión, tras ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas y la PNP en el Congreso de la República y otras instituciones públicas en un intento de golpe de Estado.
Paredes, por su parte, es procesada en el llamado Caso Anguía por presuntamente integrar una organización criminal que habría encabezado Castillo para cometer actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda. Según la tesis del Ministerio Público, ella habría cumplido el rol de “lobista”: habría buscado a alcaldes de comunidades para ofrecerles obras rápidas a cambio de que los expedientes y la ejecución quedaran en manos de empresas fachada.
El constitucionalista Enrique Ghersi sostuvo que la diputada no solo interviene en un proceso en trámite ante el Poder Judicial, sino que habría incurrido en una infracción constitucional. Según explicó, la Constitución prohíbe expresamente que una autoridad o persona se interese en una causa pendiente en el Poder Judicial, y el Código Penal tipifica esa conducta como delito.
Ghersi recordó que Castillo y su defensa cuestionan la detención como parte de la apelación contra su sentencia. A su juicio, Paredes no puede alegar que solo busca información, porque incluso eso constituiría un avocamiento indebido a un proceso en trámite.
El penalista Luis Lamas Puccio consideró que el Mininter y la Policía deberían negarse a entregar la información, debido a que Paredes es procesada en un caso en el que Castillo sería el presunto cabecilla y a su cercano vínculo familiar con él. Añadió que los datos solicitados tienen “un valor estratégico” por tratarse de un operativo policial y que, al ser reservados, requieren autorización judicial para su entrega.
Lamas Puccio advirtió además que, en su opinión, existe una campaña política para obtener esa información y usarla contra la Policía y el Ministerio del Interior.
Acuérdese que uno de los argumentos de Pedro Castillo es que la detención es ilegal, porque él tenía derecho al antejuicio. Entonces todo eso, todo ese material informativo, forma parte del expediente judicial.
Enrique Ghersi, abogado constitucionalista
Estaría incurriendo en responsabilidad, porque estaría abusando de sus atribuciones.
Luis Lamas Puccio, abogado penalista
Eso lo están utilizando, lo van a querer utilizar con fines políticos para desprestigiar la autoridad y desprestigiar al Ministerio del Interior. Por lo tanto, el Ministerio del Interior debería negarse a entregar la información.
Luis Lamas Puccio, abogado penalista
