Los gobiernos regionales y locales del país recibieron S/ 13.310 millones en transferencias vinculadas con la minería en lo que va de 2026, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Estos recursos provienen de tres conceptos: el Canon Minero, las Regalías Mineras y los Derechos de Vigencia y Penalidad. Áncash, Apurímac y Arequipa son los departamentos que más fondos obtuvieron y, juntos, suman S/ 5.286 millones.
Áncash encabeza la lista con S/ 2.230 millones, que equivalen al 16,8% del total nacional. Le sigue Apurímac, con S/ 1.555 millones (11,7%), y Arequipa, con S/ 1.501 millones (11,3%). En cuarto lugar figura Cajamarca, con S/ 1.251 millones, el 9,4% del total.
Según estas cifras, una parte importante de los recursos se concentra en pocos departamentos, aunque los montos varían de acuerdo con cada concepto y las reglas que rigen cada transferencia.
El Canon Minero es el componente más grande: reparte S/ 9.588 millones en 2026, de los cuales S/ 24 millones corresponden a agosto. Este monto se calcula sobre el 50% del Impuesto a la Renta que pagan los titulares de la actividad minera, según la edición de agosto del Boletín Estadístico Minero del Minem.
Las Regalías Mineras ocupan el segundo lugar, con S/ 3.401 millones acumulados entre enero y setiembre. De ese total, S/ 2.914 millones son regalías legales y S/ 487 millones, contractuales.
Los Derechos de Vigencia y Penalidad suman S/ 320 millones entre enero y agosto. El derecho de vigencia es el pago que hacen los titulares para conservar sus concesiones mineras. La penalidad se cobra cuando no cumplen con las obligaciones de producción o inversión exigidas para mantenerlas.
Las cifras tienen cortes distintos: las regalías se contabilizan hasta setiembre y los derechos de vigencia y penalidad, hasta agosto.
Para el Minem, estos fondos permiten trasladar la renta minera hacia los gobiernos regionales y locales vinculados con esa actividad. Entre sus objetivos, el ministerio menciona ampliar el presupuesto para servicios públicos, reducir brechas y ejecutar intervenciones con efectos sostenibles en la calidad de vida de la población.
Sin embargo, el impacto final de estas transferencias depende de cómo las autoridades regionales y locales ejecuten el presupuesto y del destino que den a los recursos.
